El 18 de octubre se conmemoró el Día Europeo Contra la Trata de Personas. Un año más las campañas de sensibilización e información de las organizaciones no gubernamentales, las redes sociales y los medios de comunicación, se han hecho eco del Plan Policial contra la trata de personas llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía
Se informa, se muestran datos, hechos. La trata no es un cuento. Son víctimas. Son mujeres esclavas, violentadas, engañadas hasta por sus parejas, amistades y hasta sus propios familiares. Vienen convencidas que trabajarán en bares, en el cuidado de niñ@s o ancian@s, pero desde que pisan suelo español, el sueño se rompe. Se les despoja de su documentación personal, de su pasaporte y se las obliga a prostituirse para pagar una deuda que ellas no eligieron contraer.
España es un país de tránsito y un destino “soñado” por muchas mujeres donde el «sueño europeo» puede hacerse realidad. La necesidad de un trabajo, la falta de educación y de acceso a la información se unen para formar parte del imaginario colectivo donde muchas mujeres y jóvenes, suelen ser engañadas con la excusa perfecta del trabajo bien remunerado disfrazado de Euros.
Dicho país es el segundo en Europa, después de Italia, elegido por las organizaciones criminales para traer a sus víctimas y obligarlas a ejercer la prostitución. A su vez, es el principal consumidor de prostitución con un 39 por ciento, según los datos aportados por la Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida (APRAM), seguido por Suiza con un 19% y superados ambos en la escala mundial por Tailandia con un 73% y Puerto Rico con el 61%.
Como maquinitas de hacer dinero
Una de las formas que adquiere la trata de seres humanos es el de la explotación sexual. Son mujeres obligadas a ejercer la prostitución. En el año 2010, Naciones Unidas estableció que “las dos terceras partes de las víctimas de trata detectadas por los estados en todo el mundo son mujeres. De las cuales, un 79% son víctimas de trata con fines de explotación sexual». Hay víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación principalmente en la prostitución pero también las hay en el servicio doméstico, en los matrimonios serviles en trabajos forzados y en otras condiciones de esclavitud.
Luces de neón con figuras de mujeres destellan sobre los ojos de los conductores. Techos iluminados por el resplandor de los carteles que anuncian la presencia del paraíso para los clientes o del mismo infierno para las mujeres. Son clubes, prostíbulos, puticlubs que venden sexo como tabaco. Se escudan detrás de una denominación más que socialmente aceptada: «bar de copas», en algunos, incluso, le ofrecen al cliente la comodidad de tener en las mismas instalaciones un cajero automático para un acceso rápido al dinero en efectivo.
En marzo pasado, por nombrar un caso, los agentes de la Policía Nacional desmantelaron una red que explotaba sexualmente a 400 mujeres en macroprostíbulos que se encontraban en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Cada uno de ellos generaba unas ganancias anuales de 1.250.000 euros. También disponían de dispositivos de telepago para cobrar los servicios sexuales, lo que generaba beneficios añadidos, derivados de las comisiones que los clientes debían abonar por utilizarlos. «A los clientes que lo solicitaran, se les facilitaban sustancias estupefacientes», resalta la nota de prensa de la Policía.
Zona gris
Dice la canción: «Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta, también princesa, me llaman calle sin nobleza». Me llaman calle, fue el título de la letra ganadora del Goya a la Mejor Canción Original creada por Manu Chao para la película Princesas, en el año 2005. Casi un calco de la descripción que esta rumba le hace a la vida de tantas prostitutas que trabajan día y noche «como maquinitas por la gran ciudad».
En España, la prostitución no es legal, tampoco ilegal pero no se la debería considerar alegal. Según el catedrático de la Universidad de Extremadura Pedro Brufao Curiel, autor del libro «Las miserias del sexo» la prostitución en España está abolida desde que el país firmara en 1949 un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se denominó: Convención por la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. De manera que al estar abolida no tendría sentido llamarla alegal.
La prostitución de mujeres y menores es un negocio que mueve 18 mil millones de euros al año según los datos extraídos del Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país, aprobada en 2007, por la Comisión Mixta de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de las Cortes Generales. Este informe dice que el 6% de la población española consumiría prostitución.
En España no se castiga a quien se prostituye ni a quién demande sus servicios, aunque si se castiga al proxeneta, o sea a quien obtenga beneficios económicos por obligar a prostituir a otra persona. El Código Penal español en el capítulo 5to., establece que: «Quien determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.»
El Estado les deja carta blanca a las Comunidades Autónomas incluso a los propios ayuntamientos para que sean ellos los que determinen qué hacer con la prostitución. Y ahí andan entonces ordenanzas locales prohibiendo o multando a clientes o prostitutas hasta donde los límites del municipio lo permitan. Para el año que viene, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar una ordenanza de convivencia que prevé multas de hasta 750 euros por infracciones, como solicitar servicios de prostitución en la vía pública. La ciudad de Valencia acaba de aprobar una ordenanza municipal que cobrará entre 300 y 2.000 euros de multa para los clientes de prostitutas.
Mientras que en Barcelona hace más de un año se aprobó una nueva ordenanza que establece que las multas más grandes serán para clientes que mantengan relaciones sexuales en la vía pública, sancionándolos con 3.000 euros. Para las prostitutas las multas son menores, varían entre 100 y 300 euros por ofrecer o aceptar este tipo de servicios. Aunque aumenta hasta 750 euros, si el servicio se ofrece en las inmediaciones de una escuela o un colegio. La novedad de la ordenanza es que la policía puede multar a clientes potenciales, sin que haga falta que la transacción o el servicio haya sido culminado.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña la ley de carreteras prohíbe que se ejerza la prostitución hasta los 50 metros de ésta, pero nadie niega que pasado ese límite las chicas siguen estando ahí, haciendo su trabajo. Casi siempre hay algún árbol que hace las veces de límite natural -nunca mejor dicho- entre lo prohibido y el morbo del sexo al aire libre. Llueva o truene, nieve o haga un sol que queme los brazos y piernas desnudos a la intemperie, ellas están ahí buscando despertar el interés de un cliente que pague el servicio sexual.
Prostitución ¿libre o forzada?
La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) hace tiempo que reclaman la regularización de la prostitución en España. Entienden que «es legal y debe permitirse el ejercicio del sexo entre adultos en libertad». Se muestran como «empresarios alejados de las mafias y de las competencias desleales en pisos de vecinos y de la podredumbre y falta de higiene del ejercicio de la prostitución en las calles».
En este sentido, un grupo muy activo que reivindica el trabajo de las prostitutas «por la normalización del trabajo sexual» el colectivo Hetaira, pregonan en su web que “las trabajadoras del sexo no venden su cuerpo, muy por el contrario lo ofertan como un servicio” y aclaran que el trabajo sexual no es delito. Entienden que si se criminalizan a los clientes los “ratos con ell@as” serán clandestinos y peores. Pero este colectivo de defensor@s del trabajo sexual es consciente que existe una prostitución que no es libre sino forzada, es el de las víctimas de la trata y ell@s se ofrecen como intermediari@s para ayudar a las mujeres que lo son o crean serlo. Incluso animan a los clientes a denunciar desde el anonimato sobre sospechas de personas víctimas de las mafias de trata.
En la vereda de enfrente se encuentra la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) que aclara que “el debate no se centra en las eternas discusiones que pretenden hacer una distinción entre la prostitución forzada y la voluntaria (si es que realmente existe), buscamos, más bien, unir esfuerzos y diseñar respuestas y acciones claves, y de amplio espectro, que permitan incidir sobre una realidad que debe ser transformada con urgencia».
La misma Asociación afirma que “apoyándonos en informes de la Guardia Civil y en nuestra experiencia de 20 años trabajando con este colectivo, podemos decir que el 95% de las mujeres son víctimas de redes de tráfico y están en total desamparo, frente al 5% que dicen que lo hacen de manera voluntaria”.
Y mientras tanto, las víctimas. Ahí están siempre ellas, subidas a unos tacones de 10 centímetros de altura con una minifalda o un short que apenas cubre las nalgas. Son luchadoras, tienen la fuerza del fuego.
No hay excusas siempre están disponibles, no hay alternativa. El trabajo está minuciosamente observado por su «chulo» o proxeneta mientras ellas cumplen y hacen su “trabajo” ya sea en un piso, un chalet o en un polígono industrial.
Vendo o permuto chalet por piso… colegialas eróticas, morena ardiente y pechugona…
A primeras horas del día cuando el cielo aún está cubierto de estrellas los diarios se van apilando sobre la barra del bar. Empieza a llegar la clientela. Los cafés se discurren entre el gentío que ojea la noticias y las páginas pasan como los segundos del reloj. El paro, la política, la corrupción, los anuncios de contacto se dan cita todos los días como las chicas en la calle, a metros del mismo bar.
Y no sólo en la prensa, hoy con el acceso a internet es absolutamente sencillo desde el teléfono móvil, tableta, portátil o PC acceder al mercado de la prostitución, donde no está prohibido publicitar sexo, lo mismo que ofrecen coches, casas u objetos de segunda mano.
España es el único país europeo donde la prensa formal publica anuncios de prostitución. En la casa del vecino Francia, por ejemplo, los anuncios de prostitución están prohibidos y penados desde el 2003. Se castiga este tipo de publicidad con penas de hasta tres años de cárcel y multas de hasta un millón de euros. Sólo se permiten los anuncios de contacto entre personas, pero controlados, para evitar que detrás de ellos se enmascaren anuncios publicados por las mafias.
En el Reino Unido está duramente regulado. Los anuncios de contactos no son ilegales, pero si la policía detectara que hay vinculación entre un anuncio de prostitución y una red de explotación, se hará responsable criminal al medio.
En Alemania los anuncios sólo se publican en la prensa sensacionalista ya que desde 2006 no es ilegal ofertar servicios sexuales. No obstante, los anuncios de prostitución sólo están presentes en la prensa local. Los periódicos generalistas de calidad han renunciado a estos anuncios por decisión propia.
Los anuncios de contactos en la prensa escrita española
El debate sobre poner fin a los anuncios de contactos en la prensa española comienza a cuestionarse en el año 2007. Fue una comisión en el Congreso de los Diputados la que analizó la situación de la prostitución en España elaborando un informe en el que se instaba su prohibición.
Según este informe, «la prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de la prostitución» y señalaba a las principales cabeceras de los diarios, como El País que ingresaba en el año 2007 unos 5 millones de euros anuales por este tipo de publicidad.
Posteriormente, el Gobierno se comprometió a promover el control de los anuncios de prostitución. No se le exigía a la prensa escrita que retirara de sus páginas los anuncios de prostitución sino que se les sugería la autorregulación. Tal y como manifestó la entonces ministra de Igualdad, Viviana Aído, «no se trata sólo de una publicidad que atente contra la dignidad de las mujeres, sino que esta publicidad contribuye al éxito de un negocio que se basa en la explotación de las mujeres”.
Desde que se anunciara esta propuesta sólo Público, 20 Minutos, Qué y La Gaceta, entre las cabeceras de alcance nacional, han renunciado a estos anuncios, otros como La Razón y ADN lo hicieron más recientemente.
Pasaron dos años y el Gobierno solicitó al Consejo de Estado (es el supremo órgano consultivo del Gobierno de España) un informe en el que se recogieran medidas para acabar con los anuncios de contactos. El resultado del informe determinó que “en España la autorregulación ha sido ‘baldía’ y ‘manifiestamente insuficiente’, por lo que considera que ‘hay fundamentos’ para establecer ‘medidas limitativas’, entre ellas la de la prohibición”.
Money, money, money
La comisión parlamentaria estimó que los diarios españoles ingresaban unos 40 millones de euros cada año gracias a la publicidad de prostitución. Según los datos de esta comisión, publicados por Público (el primero de los periódicos que eliminó las publicidades de anuncios de contacto), El País publicaba entonces 702 anuncios de contactos cada día e ingresaba 5 millones de euros.
Por detrás puntuaba El Mundo, con 672 y posteriormente ABC con 225 anuncios al día. La Razón llegó a publicar más de 90 anuncios de prostitución al día, aunque dejó de hacerlo tras llegar a un acuerdo con L’Osservatore Romano (El Observador Romano, en español) el periódico nacional de la Ciudad del Vaticano.
En sus páginas principales casi toda la prensa ha informado, incluso editorializado sobre las alarmantes cifras que sitúan a España como el segundo país de destino en Europa, donde operan las mafias de la prostitución. A la par que se informa sobre el Plan contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual también son noticiables las redadas en los prostíbulos, detenciones a proxenetas, operativos policiales, etc. Unas páginas más adelante se encuentra el lector con páginas comerciales minadas de avisos de contacto. ¿Estamos entonces ante la doble moral de la mayoría de la prensa española en lo que se refiere a ingresos fáciles a través de los anuncios de prostitución?
El informe del Consejo de Estado indicó que la prohibición requeriría la aprobación de una disposición con rango de ley que prohibiera no sólo los anuncios en los periódicos sino también el de las citas telefónicas y los videoclubes, ya que en la actual Ley General de Publicidad no hay ninguna prohibición expresa de la publicidad de prostitución, ni tampoco una habilitación legal para establecerla.
A día de hoy, ni noticias de la ley que propone el Consejo. A la vista está que es difícil lograr la autorregulación cuando los criterios de rentabilidad se imponen y los avisos de contactos generan importantes beneficios para la «caja» de las empresas periodísticas.
Víctimas son tod@s
Con motivo del Día Europeo contra la Trata de personas, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) le recuerda al Estado Español que no se está cumpliendo con sus obligaciones respecto a la protección de las víctimas y la lucha contra este delito y demanda una Ley Integral contra la Trata que incluya todos los fines de explotación y que se realice desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de menores.
Las entidades miembro de la RECTP solicitan que se tenga en cuenta, además, las necesidades de protección internacional de algunas víctimas – incluso considerarlas refugiadas en algunos casos- y que se respete el principio de no-devolución.
Una buena noticia recorrió los informativos en todos sus formatos esa misma semana: una joven nigeriana había conseguido la protección internacional por ser víctima de una red de explotación sexual. España le ha concedido el asilo, junto a su hija de tres años, de la que estaba embarazada cuando llegó a las costas españolas a bordo de una patera, tras un viaje de dos años desde su país durante el cual fue obligada a prostituirse. Sufrió varias violaciones y fue obligada a abortar en dos ocasiones, informaron desde Cruz Roja Española.
Pero el alcance a la protección de las víctimas es un reclamo que hacen las ONG, ya que las entidades piden que se asuman otras formas como la servidumbre, la mendicidad, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos. Por esta razón, recientemente el Informe de los expertos europeos (GRETA) ha evidenciado la necesidad de que el Estado haga mayores esfuerzos para afrontar la trata con cualquier fin de Explotación, incluyendo la adopción de un Plan Integral que cubra también la trata con fines de explotación laboral.
Desde el Gobierno se ha afirmado que actualmente no se prevé la elaboración de una “legislación integral» contra la trata de personas, aunque «se está legislando en distintos cuerpos normativos», como el Código Penal. El ejecutivo tiene previsto aprobar un nuevo Plan Integral contra la Trata, pendiente de elaboración desde el pasado mes de diciembre, cuando venció el anterior.
Hasta ahora las fuerzas policiales localizaron en España a 13 mil mujeres susceptibles de ser víctimas de trata y algo más de 970 fueron identificadas con nombre y apellido. Mientras, las organizaciones del sector que atendieron a «prácticamente 6.000 mujeres» en el mismo período, reconocieron a «unas 1.100» que estaban en esta situación. Siempre queda la sospecha de que hay más.
Fotografía: Miguel A. López Galán