Empiezo este artículo con una pregunta ¿será un rompecabezas, un acertijo o solo una broma de mal gusto? me refiero a la iniciativa presentada el 8 de octubre de este año, por el Senado de la República Mexicana, que propone reformar la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.
El delito de Trata representa una problemática, que de manera callada permea en el mundo, con complicidad de usuarios y funcionarios públicos, hasta el grado de ser el segundo delito más redituable, sólo después del narcotráfico y de que México, ocupe el quinto lugar, en América.
Del análisis de la iniciativa en comento, se puede inferir que es contradictoria, ya que pretende debilitar la ley vigente, favorecer a los tratantes y quitar a las víctimas de trata derechos ganados, mediante una ardua lucha realizada por la sociedad civil, acompañada entre otros, de la otrora Diputada Federal Rosy Orozco.
La iniciativa, propone eliminar del nombre y contenido de la ley, los verbos rectores de prevención, erradicación, asistencia y protección de las víctimas, argumentando que dichos tópicos, se prevén de manera más abundante en otras leyes, eliminando la eficacia de la ley al difuminar las atribuciones en diversos ordenamientos, que solo prevén de manera mas genérica la problemática de este delito y que en su mayoría son tan novedosas que aún no operan al 100 por ciento, por ejemplo:
La iniciativa sugiere remitir la asistencia y protección de las victimas a la Ley General de Víctimas, publicada el día 9 de enero de 2013, y la cual aún no tiene reglamento. En ella se prevén de manera general los derechos de las víctimas, sin que esto sea lo más optimo para las victimas de trata, que por sus características tienen derecho a ser tratadas con enfoque diferencial, por ende, eliminarlo, contraviene el principio de progresividad que rige en derechos humanos, tema con el que por desgracia, las autoridades mexicanas, está muy poco familiarizadas.
Por lo expuesto, la multicitada iniciativa propone derogar el fondo económico que el gobierno mexicano tendría que otorgar para la asistencia y protección de las víctimas de trata, pues argumenta que ya existe un fondo para victimas que prevé la Ley General, ello implica quitarles el derecho ya ganado a tener su propio fondo, que cubra las necesidades especiales que requieren.
La iniciativa tambien propone remitir el tema de protección de las víctimas a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la cual fue publicada el 8 de junio de 2012, pero tampoco es operable totalmente, porque aún no se han creado el Programa ni el Centro Federal de Protección a Personas. Asimismo, debe hacerse notar que la protección es condicionada a que la victima intervenga en un procedimiento penal y a otras circunstancias que serán valoradas por un servidor público, entonces la preocupación de la sociedad civil es resolver cómo se va a proteger a las víctimas de trata que aún no son parte de un procedimiento penal.
La iniciativa también propone modificaciones que inciden en agregar elementos innecesarios a los tipos penales y que en la práctica dificultarán la integración de los delitos. Desde luego la iniciativa es muy clara en especificar que lo hace para observar los derechos humanos de los probables procesados, ello, desde luego, desde el muy singular punto de vista de quienes la proponen, pues mientras los beneficios a los tratantes deben especificarse en la ley especializada para el combate del delito, los derechos de las víctimas son difuminados a diversas leyes generales, que no resultan del todo operables.
De lo hasta aquí narrado, surgen cuestionamientos que debería preocupar a los organismos internacionales como la ONU, que se han pronunciado por la urgente necesidad de combatir el delito de Trata de Personas, pues se trata de la esclavitud moderna de seres humanos, cruelmente perfeccionada por los grupos delictivos.
¿Qué se pretende con desconcentrar los preceptos aplicables en materia de Trata, de un ordenamiento especializado a varios generales? Cuando es de explorado derecho que es un delito especial, por lo que no se puede prevenir, investigar, procesar y sancionar con reglas generales, aunado a que en la práctica es más eficaz que todas las disposiciones en Trata estén concentradas en un sólo ordenamiento. Esto facilitará el conocimiento y comprensión de los operadores para erradicar el delito y para proteger a las víctimas, observando desde luego, los derechos humanos, de aquellos, que con lujo de crueldad, transgreden los de las víctimas.
Lo anterior es más preocupante si se tiene en cuenta que en Mexico tan sólo hay 33 Códigos de Procedimiento Penal aplicables, y más 18 en Procedimiento Penal Acusatorio, es decir que el hecho de que la iniciativa determine que se debe enviar el procedimiento penal a los Códigos Procesales implica que el operador que desee conocer del procedimiento penal en materia de trata deberá conocer 51 ordenamientos, y si desea conocer además los derechos de víctimas deberá conocer por lo menos 32 leyes sobre el tema, más las leyes relativas a la prevención, protección, erradicación, etc.
Y así, toca concluir este artículo con más preguntas por resolver, que a saber son las siguientes:
¿Porqué desmembrar una ley argumentando que es armonización de leyes? ¿Dónde quedo el espíritu del legislador que armonizaba una ley para que no contraviniera algún ordenamiento? Pues es evidente que sería mejor fortalecer la ley, para que prevea todo lo necesario para el combate del delito y atención a la víctima y con ello disminuiría la posibilidad de contradecir alguno de los múltiples ordenamientos existentes.
¿Qué se hace mientras entra en operación un sistema efectivo con las miles víctimas que hay?
¿Por qué no se escuchó a ninguna víctima, ni se analizó ningún expediente para comprender la problemática de la aplicación de la ley?
¿De quién es la mano que mece la cuna?
¿Ahora quien podrá ayudarnos?
Les envió muchos saludos, desde México.
María Teresa Paredes Hernández
Consejera Legal de Unidos contra la Trata