Una vez más, utilizo este medio para desahogarme, el coraje y la impotencia que me provoca la indiferencia, la inercia, la negligencia de las autoridades a todos los niveles, claro, con sus honrosas excepciones.
No me canso de preguntarme si soy una inadaptada social, si pertenezco a otro país o planeta. Me siento confundida, creo que la lógica y los principios de derecho común y de derechos humanos, los aprendí al revés. ¿Será que debo regresar a las aulas y repetir lecciones, y no puedo evitar preguntarme dónde me perdí?
¿Será que en la licenciatura en mis clases de derecho penal no asistí cuando explicaron el tema de “flagrancia”?. Siempre creí que era sinónimo de agarrar al delincuente con las manos en la masa y que era relevante. Sin embargo, un sábado por la noche me entero que ni la Procuraduría General de la República, ni la Procuraduría General de Justicia del D.F., tienen quien atienda una emergencia en flagrancia y cuando digo emergencia, me refiero a una urgencia de vida o muerte.
Y claro, los representantes de tan encumbradas instituciones, si es que se enteran, dirían que tampoco asistí a mi clase de Derecho Constitucional, donde enseñaron que la justicia era rápida, pronta y expedita, y pondrán como ejemplo que en las agencias del Ministerio Público y/o fiscalías, con turnos de 24 horas, siempre hay personal mal humorado, que rápidamente pregunta a la víctima ‘qué se le ofrece’, para con la misma celeridad, buscar pretextos para deshacerse del “problemita’’ (cumplir con su trabajo).
¿Quién no ha escuchado el siguiente dialogo?:
– Servidor público: Eso, no le corresponde aquí, es en la agencia que sigue (a 50 minutos del lugar, en carro, claro).
– Víctima: Pero fue a dos calles de aquí.
– Servidor público: Sí, pero le corresponde a la otra, por demarcación territorial.
También hay frases célebres como:
“No hay médico legista para que certifique sus lesiones.”
“No hay peritos, ahorita fueron a otro accidente (pretexto ideal para la hora de la siesta).”
“Doñita si a su hija o a usted la golpearon, esos son problemas familiares, espere al lunes y vaya a ver un juez familiar, o llegue a un acuerdo con su agresor (esposo, hermano, victimario, etc.).”
“No se puede levantar el acta de violencia familiar, porque no se le ven lesiones graves.”
Y dentro de mis desvaríos utópicos, deseo fervientemente que llegue algún servidor público genio, que se le ocurra, que en estas oficinas, debería haber asesores legales, que orienten a la víctima.
Debo también solicitar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que me devuelva el costo del curso interdisciplinario en Derechos Humanos al que asistí, porque no me enseñaron que las personas beneficiarias de estos Derechos, sólo son aquellas cuya clase económica les permita adquirirlos, verbigracia Florence Cases, amigo lector, si ese nombre no le es familiar, basta con que lo escriba en algún buscador de internet.
Imagínese amigo el siguiente caso: una menor de 15 años, hace tres meses fue privada de su libertad y violada sexualmente por seis sujetos. Acudió a la fiscalía especializada en delitos sexuales y denunció, acompañada por su madre, donde aparte de no investigar, le exigieron que llevara las pruebas que hicieran falta y, entonces, empezaron a indagar por su cuenta, ubicaron el lugar donde ocurrió el hecho e identificaron a algunos agresores, lo cual inocentemente, informaron a la fiscalía, pero eso no fue suficiente para que ésta, actuara.
Sin embargo, ellas sí fueron sujetas de persecución y amenazas por parte de los agresores, lo cual tuvieron que denunciar en una fiscalía diferente pues eso, “ya no forma parte de la investigación del delito sexual”. La nueva agencia, tampoco hizo nada.
Las amenazas subieron de tono, los agresores le llamaban diciéndole que la iban a fregar por denunciarlos y que ellos no tenían miedo porque el comandante los protegía.
Atemorizadas, le hablaron al Comandante de Seguridad Pública de la zona donde viven, quien llegó acompañado de otros cuatro policías y le dijo: “Señora, vaya a levantar otra denuncia porque eso ya es más grave”. A lo que le contestó que sí, pero que “me acompañen mis hijas”. “¡No!”, respondió el comandante, “Ellas estarán seguras en su casa. Vaya, nosotros la llevamos, ellos vienen por usted, por denunciar, no por sus hijas”, y casi a empujones la llevó a la Agencia, donde obviamente no pudo declarar por los pretextos de siempre. Cuando regresó a su hogar, sus hijas ya habían sido desaparecidas.
Hoy, sólo pudo encontrar a una que fue vendida tres días atrás y al caminar con el sujeto que la compró, ella pidió auxilio a una patrulla del Estado de México que pasaba por ahí, pero el policía sólo se limitó a hablarle a la señora y decirle “venga por su hija, yo no puedo detener al sujeto porque eso es un delito que se cometió en el Distrito Federal y como no hay ninguna orden de captura, no quiero tener problemas”. Me vuelvo a preguntar, ¿dónde quedó la flagrancia?
El caso es que esta menor regresó con su madre, pero una vez más volvió a ser violada por uno de los sujetos de la primera vez, para posteriormente ser vendida. Tiene lesiones en la cara y el estomago que parecieran ser de un arma punzo cortante. De su hermana, quien también es menor, no se sabe nada.
Casi ninguna autoridad nos contestó el teléfono y las que lo hicieron, nos indicaron que esperáramos al próximo lunes, hasta que pudieran recibirles la declaración y de ahí empezar las investigaciones. Cuanta indiferencia hacia la vida de una menor que, en el momento en que escribo este artículo, puede estar siendo violada, vendida, lesionada o asesinada.
¿Hubiera sido la misma respuesta si se tratara de la familia de algún personaje pudiente?
Cuanta indolencia de aquellas autoridades que supieron que había una amenaza latente y no hicieron nada por proteger a las víctimas, aquellas autoridades que teniendo los elementos no consignaron a los agresores y pudieran evitar más dolor. En fin, no sólo llevaran en su conciencia, la carga moral de que pudieron evitar tanto daño y dolor a estas víctimas, sino la responsabilidad de ser CÓMPLICES, no por participar en el delito, pero sí por omitir el deber de cuidado.
¿Cuándo asumirán las autoridades su papel de garantes de nuestros derechos y que el contravenir esta obligación es defraudar al Estado, dañar la credibilidad de las instituciones y dejarnos en una desprotección total?
Y mientras desahogo mi frustración en este artículo, Jorge me hace reflexionar: ¿si los sábados en la noche las autoridades sólo persiguen borrachos en los alcoholímetros o si la protección de los derechos que el Estado debe proporcionar a los ciudadanos sólo opera de lunes a viernes y en horario de labores de oficina?
Una vez más, victimas re-victimizadas, historias que parecen sacadas de novelas de terror, pero que son de la vida real y cotidiana de mi México Lindo y Querido. Me despido, enviándoles un fuerte abrazo a todos, sabiendo que éste mal es una epidemia de América Latina. Diría mi madre, “mal de muchos, consuelo de…”. ¡Hasta la próxima!