Puerto Rico, la colonia más poblada de Latinoamérica, ha enfrentado la emergencia mundial del coronavirus de forma muy peculiar. Al momento de escribir estas líneas (mediados de mayo de 2020), el virus ha contagiado a sobre 2.710 pacientes, de los cuales 124 han fallecido. La tasa de mortalidad oficial del virus es de cerca de cuatro muertos por cada cien mil habitantes (o, más precisamente, 4,58%). El toque de queda vigente, establecido el pasado 15 de marzo, ha sido extendido formalmente hasta el 25 de mayo.
El estado de alerta en Puerto Rico ha sido uno de los más estrictos bajo la jurisdicción del gobierno estadounidense, excediendo por mucho las medidas de protección demandadas de los ciudadanos en la mayoría de los estados, con la excepción de los más impactados: Washington, New York, New Jersey, y algunos estados de la costa noreste de aquel país. Durante estos dos meses de pandemia declarada, los puertorriqueños han tenido que permanecer mayormente en sus casas y observar un estricto toque de queda -que, en su momento, llevó a que el país tuviera más arrestados por infringirlo que contagiados por el virus. En estos momentos, se dirime en corte si las medidas ejercidas violan principios constitucionales de libertad de asociación y debido proceso de ley.
El rigor en la cuarentena ha traído el contagio de docenas de efectivos policiacos, el cierre de precintos policiales enteros, y la muerte de algunos policías contagiados. Los casos de violencia de género han aumentado en más de un tercio. Las estadísticas generales del crimen han bajado, pero durante el período de la cuarentena han ocurrido 65 asesinatos, demasiados para un período donde el ciudadano promedio no está supuesto a salir de su casa.
Las medidas de prevención al contagio solamente permiten -al menos en teoría- la circulación de ciudadanos que salgan de su casa protegidos por mascarilla (barbijo) y guantes. En su momento, estas medidas prohibían además las salidas de ciudadanos a las calles para hacer ejercicio, que se han vuelto a permitir desde entonces, bajo restricciones de horario. Las aglomeraciones de personas en público siguen estando prohibidas. La inconsistencia en velar por el cumplimiento en estas medidas ha logrado que sea perfectamente legal que se congreguen hasta cincuenta personas dentro de un supermercado (y otros cientos más afuera, guardando distancia social en diversos grados de rigurosidad improvisada), pero que individuos que visiten una playa a solas -para ejercitarse o para caminar- sean arrestados, incluso bajo procedimientos irregulares.
En su momento, la cuarentena restringió la circulación ciudadana excepto para la compra de comida, medicinas, servicios médicos no dentales, el expendio de combustible y de comida preparada. El desplazamiento diario a las áreas de trabajo de trabajadores en roles esenciales de seguridad y sanidad públicas ha sido legal, en teoría, aunque algunos ciudadanos se han quejado de detenciones inexplicables -como la de enfermeros uniformados y trabajadores de supermercado. En su momento llegó incluso a restringirse la circulación de automóviles de acuerdo con la última cifra de su tablilla (matrícula, placa, patente) del auto, medida que luego se descartó (dependiendo a quién se le pregunte) por su efectividad probada o ante la incomodidad popular. La alarma nocturna transmitida a los teléfonos celulares a las 6:30 de la tarde (1830h), que alerta sobre la inminencia de la hora de cierre treinta minutos después, es una constante diaria en la vida del puertorriqueño promedio.
Con el tiempo se ha flexibilizado alguna actividad económica, mayormente la relacionada a algunas tiendas por departamentos multinacionales, y a la apertura limitada o coordinada de otros servicios esenciales -bancos, talleres de reparación, ferreterías y similares. El comercio pequeño, que ha sido el primero en abrir en otros países, todavía no puede funcionar legalmente en la mayoría de sus modalidades. Los centros comerciales, cines, teatros, templos religiosos, estadios deportivos y parques permanecen cerrados.
Las escuelas, colegios y universidades han cerrado sus facilidades, al menos, hasta el mes de agosto. En muchas de ellas se ofrecen aún cursos en línea (el año lectivo en Puerto Rico usualmente dura desde agosto del año anterior hasta finales de mayo del presente año). Ante la posibilidad que muchos estudiantes se vieran imposibilitados de conectarse a clases en Internet, el gobierno ha propuesto entregar a cada estudiante de escuela pública una computadora portátil en un futuro no muy lejano. Los detalles de la implantación de esta medida están aún en discusión.
Al estar el gobierno de Puerto Rico subordinado al gobierno de los Estados Unidos, muchas de las directrices de salud pública implantadas en el archipiélago caribeño a raíz de la emergencia han sido un calco de aquellas ensayadas por el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas estadounidense, sujetas a su vez a vaivenes políticos tanto en Washington como en San Juan. Otras directrices relacionadas al manejo de la economía puertorriqueña han sido directamente influenciadas por fuerzas económicas poderosas en el país, ante la protesta de cientos de ciudadanos, sofocada por la rígida cuarentena, y a veces demostrada en caravanas de automóviles por el día, cacerolazos durante la noche, y numerosas demostraciones audiovisuales a diario en las redes sociales de Internet.
Por ejemplo, al principio de la pandemia, mientras los números de contagio en otros países comenzaban a aumentar, buena parte de la ciudadanía boricua reclamaba por el establecimiento de controles sanitarios estrictos a los visitantes a Puerto Rico. Un archipiélago posee una marcada ventaja sobre países en tierra firme a la hora de controlar una pandemia: sus fronteras naturales son de agua y aire. Sin embargo, al estar subordinado a los Estados Unidos, el gobierno de Puerto Rico se vio obligado a recibir barcos de crucero con casos de contagio (e incluso muertes) a bordo, y a recibir pacientes de coronavirus diagnosticados en alta mar. La primera paciente en morir por COVID-19 en Puerto Rico fue una ciudadana italiana; el primer paciente recuperado en un hospital boricua fue un estadounidense de 87 años que fue traído al país en helicóptero.
El gobierno estadounidense ha persuadido al de Puerto Rico a que las medidas de control implantadas sean muestreos en los aeropuertos con seguimiento voluntario posterior. La precariedad de la situación en ciudades como New York -el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, y hogar a miles de puertorriqueños- ha motivado a algunos compatriotas viviendo en ese país a procurar atención médica en Puerto Rico -y en uno que otro caso, servir de vectores asintomáticos del virus.
El esfuerzo de manejar la pandemia en Puerto Rico se añade a una sucesión de desastres e infortunio recientes, que hemos descrito en entregas pasadas a Medios Lentos. Puerto Rico se enfrenta al coronavirus luego de experimentar: una depresión económica sostenida desde 2007; el impacto trágico de los huracanes Irma y María en 2017; terremotos que han afectado de forma intermitente el suroeste de Puerto Rico desde diciembre de 2019, y la renuncia del gobernador anterior de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, durante el llamado “Verano del 2019” durante el cual la ciudadanía se lanzó a la calle por semanas hasta lograr su renuncia y la de algunos ministros de gabinete.
Al momento de renunciar Rosselló a la gobernación de Puerto Rico, la protesta ciudadana denunciaba el pobre manejo de la economía, la condescendencia a la ciudadanía por sus reclamos en medio de la emergencia de los huracanes, y el evidenciado desprecio de altos mandos del gobierno hacia sus ciudadanos -ilustrado por la filtración de casi mil páginas de conversaciones cibernéticas de contenido misógino, homofóbico, aporofóbico y amenazante a minorías políticas del país. La protesta ciudadana en las calles, que alcanzó niveles inéditos, logró la primera renuncia de jefe de gobierno en Puerto Rico desde que se le permitiera a los puertorriqueños elegir directamente a sus gobernantes en 1948.
La substituta de Rosselló, Wanda Vázquez Garced, asumió control del gobierno de derecha del país luego de mandatos controversiales como anterior Procuradora de Asuntos de la Mujer y pasada ministra de Justicia del país. Si bien al inicio de su administración un sector de la población dio la bienvenida a su estilo de comunicación más directo y a una efectividad en la ejecución que superaba por mucho la de su predecesor, sectores crecientes del país han mostrado su inconformidad ante la inconsistente transparencia en la gestión pública (apodada “la tramparencia” en las redes sociales), la permanencia tras los altos mandos de algunos de los personajes más controversiales de la gobernación de Rosselló, y la improvisación y falta de claridad a la hora de formular e implantar políticas de gobierno a raíz de la pandemia.
El esfuerzo decididamente estricto de controlar la pandemia se ha visto afectado severamente por la lentitud inicial del gobierno de Puerto Rico en implantar un sistema de pruebas diagnósticas a los contagiados potenciales. Si bien la lentitud en la implantación se vio en parte impulsada a la inatención intencional del gobierno del presidente Donald Trump a la pandemia, no toda la responsabilidad recae sobre el gobierno federal estadounidense. Dos municipios de Puerto Rico (uno del partido en el poder, el otro de la oposición) instauraban proactivamente sistemas de pruebas y métricas mientras el gobierno del estado subestimaba abiertamente el potencial impacto del virus en sus conferencias de prensa. Mientras esto ocurría, algunos efectivos del gobierno del estado autorizaban la compra de pruebas diagnósticas a dos entidades privadas no facultadas legalmente para comprarlas, con un desembolso inicial de $19 millones de dólares (y la expectativa de pagar el doble de esa cantidad), pagando pruebas a sobreprecio ($45 dólares en vez de $6) que no cumplían con estándares de calidad en el diagnóstico.
La transacción fue detenida, y los responsables por autorizarla fueron llamados a responder por sus acciones en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en vistas televisadas que sirvieron de entretenimiento televisivo a muchos puertorriqueños en cuarentena forzada. Esto causó un retraso de semanas en el manejo adecuado de la pandemia, y este retraso ha costado vidas -entre ellas, la de un paciente de 31 años al que se le rechazó el ofrecerle pruebas dos veces antes de recibirla, ya demasiado enfermo como para sobrevivir. El consenso general es que, aparte del despido de algunos de los actores, no se espera que el gobierno de Puerto Rico sea capaz de encausar a los responsables, ya fuera por negligencia o por complicidad. Críticos del gobierno establecen que las transacciones posteriores de compra de pruebas seguramente han ocurrido también a sobreprecio, muy por encima de los márgenes de especulación observados en tantos países del mundo.
La presión pública causó un cambio en los altos mandos del ministerio de Salud local en plena pandemia, la instalación de un grupo operativo sanitario (uno de dos “Task Forces” gubernamentales, el otro siendo un grupo asesor económico), y el reconocimiento por el propio gobierno de que las estadísticas de pruebas estaban siendo reportadas de forma inconsistente. Esto último es un elemento crucial a la hora de determinar con precisión cuándo se lograría la desescalada del estado de alerta. Sin pruebas diagnósticas contadas adecuadamente, cualquier esfuerzo de liberalizar la cuarentena no será capaz de medir adecuadamente su impacto, así sea positivo.
El término de Vázquez Garced se ha caracterizado además por su inconsistencia al manejar controversias públicas de alto impacto al gobierno, por reducir -aunque no erradicar- la tendencia de su predecesor -y su familia- a la personalización política desde el cargo, y por un estilo de comunicación paternalista dado a retruécanos y sonsonetes, que ha sido satirizado ampliamente en programas de comedia y en el Internet. También se ha visto caracterizado por la ineficiencia a la hora de repartir ayudas gubernamentales reservadas por el gobierno de los Estados Unidos a la población. Tal ineficiencia sucedió con la ayuda reservada en los desastres naturales previos, y está repitiéndose en esta ocasión.
El gobierno estadounidense aprobó la entrega de hasta $1.200 dólares a ciudadanos con récord contributivo constatable por el estado boricua, de $1.500 dólares a los cuentapropistas, de hasta $600 dólares semanales a los desempleados (cerca de un 17% de la población hábil del país en este momento), y hasta $1.000 dólares a los estudiantes universitarios. Problemas en los sistemas contables de tres agencias de gobierno, lagunas en las reglamentaciones de elegibilidad, y una insuficiencia de recursos -desde la necesidad de reconfigurar programación en los sistemas que data de hace cuarenta años hasta procesos que vieron un aumento en reclamos de casi nueve veces más solicitantes que lo usual- han causado que todo este dinero se haya repartido de forma lenta. Para algunos ciudadanos se trata de su primer ingreso en dos meses. Estas ayudas esporádicas, hechas a la medida de los Estados Unidos, intentan paliar los gastos personales de los ciudadanos, que han presenciado además una persistente inflación en el renglón alimentario, donde los precios de algunos artículos han aumentado hasta un 40%.
A esto se suma la insistencia de sectores económicos tradicionalmente poderosos en el país -el sector de la construcción, el de ventas al detal, y las empresas intensas en mano de obra, como el turismo- en que se acelere la desescalada del estado de emergencia. Alguna de esta insistencia ha venido acompañada de controversia. Por regulaciones sobre la elegibilidad de los fondos del seguro por desempleo, un desempleado cuyo patrono reabre puede ser despedido si se rehúsa a presentarse a trabajar a un taller reabierto, y a la vez perder a su vez los beneficios de desempleo. En el caso de los hospitales en Puerto Rico -donde el sistema de salud publica fue privatizado casi por completo a finales del siglo 20- se da el caso donde hospitales en plena cuarentena se ven obligados a despedir a buena parte de su plantilla, tanto por la suspensión de las cirugías electivas como por la reticencia de los pacientes no enfermos de coronavirus a atenderse en una facilidad que atienda a los infectados. Algunos de los despedidos se ven tentados entonces a aceptar contratos temporeros en los Estados Unidos -ofrecidos a quien se atreva atender a pacientes infectados, a veces en facilidades sin suficiente equipo de protección personal.
Sin embargo, el colmo de lo insólito fue el cierre de los comedores escolares en las escuelas de Puerto Rico, y la eventual defensa, por parte del gobierno de Puerto Rico, de este cierre ante los tribunales de justicia locales. El gobierno reclamó entonces en corte que el Departamento de Educación, que maneja comedores que ofrecen dos comidas al día a estudiantes durante el año lectivo regular, no tiene la obligación de repartir comida a sus estudiantes, así sea despachada para consumo en la casa.
Mientras todo esto ocurre, Vázquez Garced, que originalmente había insistido en decir que no se postularía para las elecciones de noviembre de 2020 como candidata a la gobernación, para luego anunciar su candidatura, aprovechó para aprobar una ley que plantea preguntarles a los puertorriqueños, por tercera vez en ocho años, si desean anexar a su país a los Estados Unidos como estado de la Unión. Esto ocurre en momentos en que la relación entre Puerto Rico y aquel país se encuentra en su momento más neurálgico desde la invasión a Puerto Rico en 1898. Con un presidente estadounidense más a la derecha aún que el actual gobierno puertorriqueño, y abiertamente opuesto a la idea de anexar a Puerto Rico, un voto sobre la anexión pretende movilizar a los electores del partido de gobierno a rescatarlo de la abulia; el predecesor de Vázquez Garced ganó las elecciones anteriores con solamente un 42% del voto popular, en un país que no observa una segunda vuelta. Cabe recordar que el partido de gobierno, el llamado Partido Nuevo Progresista, obtuvo tal porcentaje del voto antes de dos huracanes, dos fuertes ciclos sísmicos y una pandemia. A esos efectos, los prosélitos del actual gobierno están además entusiasmados con la aprobación de un nuevo Código Electoral que flexibilizaría los requisitos de residencia y haría factible, al menos en la práctica, que residentes de fuera del país puedan venir a votar a Puerto Rico el día de las elecciones, o voten por correo y por adelantado.
Vázquez Garced está haciendo además concesiones a sectores de demostrado poder en el país, como los sectores cristianos fundamentalistas. Su partido acaba de sugerir cambios amplios al Código Civil, que tienden a propulsar la familia tradicional, desalentar las uniones de hecho, anular conquistas legales de la comunidad LGBTIAQ, y flexibilizar las concesiones de bienes y recursos naturales a corporaciones privadas, entre otros. Está por verse si Vázquez Garced aprobará el Código tal y como ha sido planteado.
Sin embargo, antes de que todo esto ocurra, Vázquez Garced debe demostrar que ha sabido manejar la pandemia del coronavirus, en medio de una realidad que ha transformado al mundo entero y que ha impactado dramáticamente las vidas de millones de personas en todo el mundo. La evidencia tiende a apuntar a que las próximas semanas serán críticas al restablecimiento de la “nueva normalidad” a Puerto Rico. Cuando la desescalada termine, Vázquez Garced enfrentará a multitudes que llevan dos meses de encierro, y a un partido político que, aunque previo a la pandemia se comportaba como partido único en el país, va dividido a elecciones primarias en el mes de agosto. Hay quien comenta, en broma, que lo mejor que le puede pasar a Vazquez Garced es mantener en pie una cuarentena eterna. Mientras tanto, Puerto Rico llega a nuevos niveles de resiliencia ante la adversidad, que no había experimentado desde la década de 1930, la época de mayor pobreza en la historia reciente del país.