El acceso a la información pública: un derecho invalidado
Un derecho que no se usa, es un derecho que se pierde. El acceso a la información pública y a la libertad de expresión representa una herramienta imprescindible para consolidar la transparencia de los Estados y la participación social de los ciudadanos. En una entrevista exclusiva, Karina Banfi, secretaria ejecutiva de la Alianza Regional, explica la significación de una ley modelo de libre acceso a la información pública que la Asamblea Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará el próximo 6 y 7 de junio en Perú para luego aplicarse en la región.“Es un documento que va a servir para elevar el nivel de discusión en los escenarios políticos. Esta ley modelo es una guía e instructivo para que los Estados acompañen el proceso de regular un derecho fundamental como el acceso a la información para todos los ciudadanos”, sostiene Karina Banfi, abogada y coordinadora de las actividades de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, una coalición de 24 organizaciones de la sociedad civil presentes en 18 países latinoamericanos que participó de la conformación de esta ley.¿Cómo surgió la idea de desarrollar el documento de consulta para los países de América Latina? La Alianza Regional participó de la incidencia de varias leyes de acceso a la información en el marco de países centroamericanos, y, a raíz de esto, le solicitamos a la OEA por primera vez en el 2008, la posibilidad de crear el documento. Luego de aprobarse, comenzó su proceso de elaboración y el organismo convocó a la coalición en representación de la sociedad civil, ya que somos la única organización regional que lidera y trabaja este tema.En la ley modelo, la Alianza desarrolló una guía de implementación para los países latinoamericanos ¿En qué consiste y cuál es su relevancia en la región? En el proceso de elaboración trabajamos principalmente el concepto de la capacitación, ya sea a ciudadanos (usuarios) como a funcionarios públicos (proveedores), en el uso del acceso a la información. El documento establece la obligación por parte del Estado de capacitar a los proveedores que brindan información y también la recomendación de que ciudadanos y gobiernos trabajen juntos. La guía de implementación es una herramienta fundamental para comprender de qué manera debe ser la capacitación a los funcionarios públicos. Este tema es clave para la aplicación de cualquier ley de acceso a la información, ya que, si no se le otorga importancia, lo más probable es que el derecho se vuelva ineficaz. En Argentina, por ejemplo, existe el decreto 1172 que le permite a cualquier persona conocer la información pública con sólo invocar ese derecho, pero al acercarte a una oficina donde no tienen conocimiento de esto, lo más seguro es que se impida la efectividad del ejercicio propio. Es recurrente que al momento de buscar información del Estado, ésta sea de difícil acceso y además se encuentre desactualizada, ¿Cuáles con las condiciones que plantea este documento para optimizar el ejercicio del derecho? El Estado debe comprender que su deber es producir determinada información, sistematizarla y archivarla, y que sea accesible para cualquier persona que desee conocer sobre un determinado tema, hecho o producción. En el documento se establecen principios de cómo debe darse esta información, sin trabas administrativas y burocráticas, basada en la experiencia internacional de países como Estados Unidos, que tiene una ley así desde los años ´70.¿De qué manera se va a regular el cumplimiento de estos principios?La comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA realizará un seguimiento a cada uno de los Estados. Cada uno tendrá un tiempo estipulado para confeccionar un reporte sobre el alcance que tendrá este documento en su legislación. Al ser una ley modelo, que no está comprendida como un tratado obligatorio sino que funciona como una guía para adecuar las leyes internas, su aplicación queda a criterio de cada país.¿Cuál es el escenario legislativo de los países latinoamericanos con respecto al acceso a la información pública?Los países que hoy no tienen legislación de acceso a la información son Costa Rica, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, pero la mayoría de ellos están discutiendo una ley en el Congreso. También en Colombia se encuentran trabajando en un ante proyecto de ley para adecuar su legislación, que desde 1985, no se adecúa a los estándares internacionales.¿Cuál es el principal desafío para que el derecho al acceso a la información deje de ser un derecho invalidado? Que el ejercicio del derecho no sea visto como un arma que tiene la sociedad en contra del Estado. En muchos países recibimos una respuesta hostil por parte de los gobiernos porque consideraron que era una persecución a los funcionarios públicos para exponerlos ante la inseguridad en la región. Este derecho es también para ellos una herramienta de trabajo. Si se pudiese mantener cierto espíritu y buena fe que envuelva al sector político y social y que ambos sectores encuentren un nexo en el cual el poder político se deje auditar por la sociedad, creo que la herramienta del acceso a la información sería indispensable. El ejercicio de este derecho fundamental debe ser respetado por todos los Estados. Maria Victoria Ciccola