“Mamá extraño ir al colegio, ver a mis amigos y no poder ir a futbol”, me dijo mi hijo de 13 años, quien al igual que muchos niños no asiste a clases desde el pasado 15 de marzo y debe permanecer en casa, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, dispuesto por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional en razón de la pandemia del coronavirus.
Los días de persistente encierro en casa, el no poder salir, sus enojos y rabietas, han sido un disparador de mis pensamientos, no solo como madre, sino como Defensora de Menores en funciones a lo largo de toda la Feria Judicial Extraordinaira, en el sentido que resulta necesario y urgente la flexibilización de las restricciones para la movilidad de los niños y niñas.
Sabemos que la medida excepcional que el Gobierno Nacional adopta en un contexto crítico, es con el fin de proteger la salud pública, respecto de todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, permaneciendo en sus domicilios habituales o en donde se encontraban a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020.
Medida que se fue extendiendo, por ahora hasta el 26 de abril inclusive, manteniendo la abstención de concurrir a lugares de trabajo, circular por rutas, vías y espacios públicos.
Frente a esta prohibición, lo que no podemos soslayar es que los niños son ciudadanos con plenos derechos. Pero el decreto que impone la cuarentena –y sus sucesivas prórrogas-, no tiene ninguna excepción para con ellos. Es más, los ha confinado a un encierro sin fecha cierta para retomar sus rutinas escolares y recreativas.
Sin embargo, en algunos países de Europa se permite que los niños salgan a la calle para pasear a pesar del aislamiento, en espacios abiertos próximos al domicilio, manteniendo la distancia y evitando todo contacto con otras personas distintas a quien lo acompaña.
En la complicada balanza entre los derechos de los niños/niñas y las disposiciones para contener el virus que restringen la libertad de sus movimientos, obligaciones internacionales de la República Argentina imponen hacer prevalecer el interés superior de ellos en pos de cuidar su salud física y mental, pese a la emergencia.
No puede entenderse con claridad, sin desmerecer el reino animal, que el decreto consagre permisos para las salidas de las mascotas durante paseos cortos, pero no menciona nada acerca de los niños y niñas.
Ha faltado una vez más, sensibilidad con sus derechos a la hora de legislar o decretar. Se ha optado por la prohibición general, concretando solo excepciones recientes con niños con capacidades diferentes.
Durante la Pandemia se ha visibilizado fuerte y legítimamente la problemática de los adultos mayores de setenta años, como así también la grave situación de los femicidios, propiciándose en este último caso, la acción cautelar de la Justicia.
Mascotas, adultos mayores, profesiones exceptuadas de la cuarentena y hasta el muchas veces postergado colectivo de mujeres, han ido recibiendo la atención gubernamental en esta etapa crítica.
Pero una vez más se ha olvidado que la infancia es un colectivo que tiene derechos como los adultos y además en proceso de desarrollo.
El equilibrio podría hallarse en la autorización para salir a caminar durante un tiempo limitado por las calles de su barrio, con medidas de protección adecuadas y acompañados por alguno de sus progenitores. Esto les ayudará a construir y elaborar su confinamiento más allá de las paredes del hogar.
El desafío excede a la tarea encomendada y atribuída a los colegios, amén de las desigualdades educativas que dispararían otro debate. Incumbe también a los progenitores, incluso para asegurar y garantizar la comunicación y el contacto con los padres no convivientes.
Se trata de incluir a la niñez. De reforzar vínculos. Acompañar a los niños y niñas desde los Poderes del Estado y desde la sociedad, para que puedan elaborar esta contingencia y vivirla no como un castigo, sino como una experiencia colectiva que comparten con los adultos, es decir una experiencia integradora.
Dra. Karina Chávez
Prosecretaria Letrada a cargo de la Defensoría Pública de Menores nro. 1