La Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad tiene como finalidad garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red, a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro. La construcción de este proyecto de ley se realizó de manera colectiva y con los aportes fundamentales de los familiares y personas con discapacidad involucrados. Este proyecto de Ley fue presentado en la Cámara de Diputados/as el año pasado y aún aguarda ser tratado por las Comisiones de Energía y, Presupuesto y Hacienda.
El Proyecto propone una Tarifa Inclusiva para personas con discapacidad, que deberá ser concedido independientemente de que las personas que integran el domicilio sean titulares o no de los servicios. Es decir, en caso de integrar un hogar y que la facturación esté a nombre de otra persona, el régimen tarifario se aplicará una vez demostrado el vínculo o que integran la misma vivienda. Además, incluye:
- Lograr la ampliación de derechos e inclusión de las personas con discapacidad.
- Acceso al cuadro tarifario más económico.
- Financia las deudas sin intereses y de acuerdo a la capacidad de pago.
- Garantiza el acceso a los servicios públicos.
- Evita cortes por faltas de pago.
- Acceso al beneficio cuando el titular sea un integrante del grupo familiar de la PCD.
Fue presentado el 3 de noviembre del 2020 aún aguarda ser tratado por la Comisión de Energía y a su vez la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Fue elaborado en conjunto con la Subcomisión de Salud y Discapacidad del ENARGAS, integrada por asociaciones civiles e institucionales, el diputado Nacional José Luis Ramón, y presentado por la diputada Nacional del Frente de Todos Jimena López.
El desafío es lograr que la agenda de discapacidad sea agenda legislativa y ejecutiva. Estas iniciativas en el Congreso ayudan a visibilizar un colectivo que no siempre aparece en las políticas públicas, pero que es necesario visibilizar.
Este proyecto apunta también a proteger los derechos de los/las usuarios/as de GLP, que en el país representan 4.500.000 de hogares de acuerdo al censo del año 2010, siendo los sectores más vulnerables sin posibilidad de acceso al gas natural o de red.