Mujeres, drogas y prisión
Un informe dela Comisiónde Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que en las dos últimas décadas, en el ámbito mundial, la tasa de encarcelamiento femenino se ha incrementado el 159 por ciento. Argentina no es la excepción: según el Informe Anual del Servicio Penitenciario Federal, entre 1990 y 2007…(Leer más)
Mujeres, drogas y prisión
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Un informe dela Comisiónde Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que en las dos últimas décadas, en el ámbito mundial, la tasa de encarcelamiento femenino se ha incrementado el 159 por ciento.
Argentina no es la excepción: según el Informe Anual del Servicio Penitenciario Federal, entre 1990 y 2007, el número de detenidas en las cárceles federales creció en forma exponencial, alcanzando un crecimiento del 350%. Las cifras del Servicio Penitenciario Bonaerense van en idéntico sentido, indicando que en 2011 la cantidad de mujeres presas llegó a 1.137; y a fines de mayo de este año ya era de 1.183.
Nuestro país cuenta sólo con cuatro cárceles federales que alojan a mujeres y están ubicadas en La Pampa, Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) y Salta, y dependen del Servicio Penitenciario Federal lo que, de entrada, implica un problema en el diseño penitenciario, porque en el resto del país no hay cárceles federales para mujeres.
Esto –entre otras cuestiones- deja a la luz que no se aplica una política de género en materia de ejecución penal. A lo que hay que sumarle la violencia de género, que está más que presente en las políticas penitenciarias, que vulneran los derechos de esas mujeres, golpeándolas, sometiéndolas a requisas vejatorias, traslados constantes, abusos, alojamiento en unidades no preparadas y ruptura de vínculos familiares, entre otros tipos de violencias. Vale aclarar que las requisas vejatorias a que son sometidas y que consisten en desnudos totales y en la revisión de la zona vaginal y anal, todavía se practican a pesar de estar prohibidas por la legislación internacional.
Mulas
Lo que lleva a las mujeres a prisión termina siendo el resultado de una combinación de factores que navega entre las condiciones socioeconómicas y la propia dinámica jurídico penal. Por un lado, las propias situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las mujeres generan que terminen involucrándose en los escalones más bajos del crimen organizado de narcotráfico. Y por otro lado, el aumento de mujeres presas se debe justamente a la criminalización del consumo y tráfico de drogas. La aplicación de la Ley 23.737 de drogas (por parte de la Justicia bonaerense; antes era jurisdicción federal aún en la Provincia) produjo un incremento significativo en la criminalización de mujeres pobres imputadas por el delito de tenencia simple de estupefacientes, facilitación gratuita de éstos y tenencia con fines de comercialización.
Esto finalmente genera que las cárceles estén llenas de ‘mulas’, lo cual no tiene sentido. Muchas de esas mujeres son extranjeras en situaciones de extrema vulnerabilidad, que dejan a sus chicos en pleno monte, arriesgando sus vidas y no vuelven nunca más, víctimas de la violencia de género, casi analfabetas, con historias desgarradoras. Lo que queda claro es que estas mujeres que suelen ser detenidas no son líderes de carteles del narcotráfico ni lavan dinero, ellas pertenecen a los sectores más humildes, que cruzan como ‘mulas’ arriesgándose a morir. Ese es el grueso de las mujeres que hoy están en prisión y que cada vez son más.
Presas, detenidas y acusadas.
El número de mujeres implicadas en delitos por drogas van en ascenso. En 2011 había 518 presas por narcotráfico (el 45,5%), mientras que en 2012 ya son 559 (47%). Había 596 detenidas por todo tipo de delitos en 2006, hoy ese número prácticamente abarca sólo a aquellas presas por infracción a la Ley 23.737. Las acusadas por narcotráfico pasaron de 203 mujeres en 2008, a 438 en 2010 y a 559 en lo que va de 2012.
Hoy en el sistema penitenciario federal hay 837 detenidas y 512 lo están por drogas. Más del 40% de esas mujeres son extranjeras y cerca del 80% nunca habían estado presas con anterioridad.
Debe entenderse que en las cadenas de narcotráfico, la mujer ocupa el puesto más vulnerable y de mayor exposición, y por eso son captadas masivamente por el sistema represivo. Es más fácil encontrar mujeres en estado desesperante para que se arriesguen a pasar como ‘mulas’ y de esa manera se procede a la criminalización de mujeres pobres.
La violación sistemática de los derechos fundamentales de las mujeres presas pone en evidencia la irrealización de los pretendidos fines resocializadores que constitucionalmente se le han otorgado a la pena de prisión. El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, así como el derecho a condiciones dignas de detención, son vulnerados cotidianamente, lo que confirma que la cárcel es incapaz de producir efectos positivos, y permite definirla como un espacio de reproducción de desigualdades, violencia y exclusión.
¿Es dable una política diferente, que aborde nuevas opciones?
En suma, lo cierto es que las políticas en torno a las drogas vienen causando más perjuicios que resultados positivos en nuestra región. La violencia,no cesa. Los narcotraficantes son cada vez más ricos y los negocios secundarios conectados con el tráfico son casi imparables,como lo son el tráfico de armas y de personas. Las cárceles siguen llenándose de personas hacinadas y en condiciones deplorables,especialmente de mujeres,privadas de su libertad por narcomenudeo, captadas de manera arbitraria por un sistema selectivo que no atrapa a los verdaderos responsables de las redes del narcotráfico. Y en muchos casos hasta son víctimas del armado de causas.
Así también, en un contexto en el cual la cárcel es una institución vacía que no baraja alternativas y donde la resocialización se ha vuelto una ilusión, la pena ha devenido en un mal en sí mismo. No hay dudas que la pena privativa de la libertad excede de manera amplia sus efectos intrínsecos y toca cada aspecto de la vida de las personas detenidas; es el encierro en sí mismo, más la violencia sufrida adentro, las situaciones de maltrato y tortura, y las condiciones de detención indignas.
Es oportuno cuestionar la racionalidad de la actual política criminal relacionada con las mujeres y poner el foco en una posible desproporción entre las penas que éstas sufren y el daño producido por los delitos que se les atribuyen, teniendo en cuenta que la mayoría de las detenidas fue condenada por delitos no violentos, en general, por tráfico o contrabando de drogas a menor escala y no había estado en prisión con anterioridad, además de pertenecer a sectores social y económicamente desfavorecidos.
Hay que avanzar en el debate sobre las políticas de drogas,incluidas las de seguridad,justicia y respeto por los derechos humanos,con evaluaciones en las que participe la sociedad civil y,entre otras cosas,garantizar recursos suficientes a la salud,la prevención,la educación y el desarrollo social,de acuerdo a criterios sujetos a la evidencia científica y a la reducción de riesgos y daños.
Debatir e intercambiar información es un buen comienzo,pero no es suficiente y se debe seguir avanzando y analizando: es una cuestión de derechos humanos.
Autor Florencia Guijo Abogada (UBA) y columnista de Asuntos del Sur (ADS)
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