El debate alrededor de la propiedad de los medios de comunicación en Argentina suscita, hace ya más de una década, acaloradas discusiones de las que desprenden modelos y propuestas para la democratización que, hasta el momento, no se han efectivizado en lo fáctico. El avance político que significó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522) sancionada en el año 2009 se ha visto mermado, básicamente, por dos grandes factores, a mi entender: la pugna judicial que enarbolaron los grandes grupos mediáticos privados, y una serie de gestiones en el organismo regulador, Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que, si bien han sufrido las presiones de los grupos económicos afectados, no han logrado dar respuesta a la demanda de acceso y participación por parte de organizaciones sociales y actores culturales a los que les correspondía un 33 por ciento de las licencias a partir de la sanción de la ley, punto que no se ha visto judicializado, y que, sin embargo, poco se ha hecho al respecto desde el organismo en cuestión.
Pero, por otra parte, cabe destacar que, en más de un punto, aquella “ley de medios” aplicada por partes, y suspendida (transformada, dirán algunos) parcialmente a partir del decreto 267/15 del presidente Macri, ha quedado medianamente desactualizada. Esto es, básicamente, porque la concentración en los medios de comunicación ya no sólo pasa por la cantidad de licencias audiovisuales y radiofónicas de las que disponga un licenciatario, sino también por la propiedad cruzada que la ley contempla en parte, y por la tendencia a la convergencia de señales, canales y de líneas telefónicas, de internet y de cable (“triple play”) que detentan tanto Clarín como las telefónicas, principalmente (en el escenario argentino) Telefónica de España, y que constituyen verdaderos monopolios informáticos en múltiples puntos del país en los que la oferta se halla reducida a una única opción. Al respecto, han investigado y pronunciado nutridos análisis los investigadores Guillermo Mastrini (2009) y Martín Becerra (2015).
Este escenario de la convergencia, cabe decir, fue avalado también por el proyecto político identificado con las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pese a que la “democratización de los medios” ha sido uno de sus caballitos de batalla: la fusión de las empresas de cable Multicanal y Cablevisión (grupo Clarín) en el 2007, así como la propuesta de eximición de la regulación de la ley 26522 sobre las telefónicas, y el enriquecimiento del Grupo Indalo a través de la pauta oficial, fueron medidas que desprendió el kirchnerismo y que favorecieron, paradójicamente, al escenario de concentración convergente contra el que luego se disputaban en la escena judicial. Sin embargo, fueron muchas las reformas que atravesó la redacción original de la ley 26522, tanto por presiones del arco opositor y de los privados, así como de la labor constructiva de legisladores oficialistas e investigadores afines, aunque más escasos fueron los espacios de participación directa de la ciudadanía en tal debate, punto que, por ejemplo, para el investigador Diego Rossi (2006), sería el máximo nivel de participación que una sociedad pueda tener en las políticas de medios de una sociedad democrática.
En la actualidad, las alianzas políticas y económicas con las que cuenta el Gobierno del actual presidente Mauricio Macri, están fuertemente trazadas con los mismos grupos económicos que se opusieron a la ley 26522, y que hicieron periodismo de oposición contra el kirchnerismo. El gesto más grande de beneplácito del actual Gobierno con el grupo Clarín, quizás, ha sido la intervención del AFSCA, disuelto y reconfigurado en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dependiente del actual Ministerio de Comunicaciones, y la suspensión “por decreto” de los artículos judicializados que obligaban al grupo económico a desprenderse de licencias y revisar sus propiedades cruzadas (licencias en radio y televisión que superaban la cantidad permitida por la ley, además de la empresa Cablevisión de tendido de redes de cable e internet); por otra parte, al mismo grupo le permitió poder acceder al mercado telefónico, haciéndose de Nextel a principios del 2016. Desde la gestión de ENACOM ya no se revisa la equitativa distribución, sino que además se apoya la convergencia desde el argumento de facilitar el “acceso” a estos servicios por parte de toda la población. He ahí, una perspectiva conceptual a la hora de abordar el acceso: garantizar la posibilidad de consumo de la población, mas no promover la posibilidad de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil a adquirir licencias y comunicar. Dos niveles distintos del acceso al que ya hacía referencia el citado investigador Diego Rossi.
El conflicto con la nueva tendencia en materia de políticas de la comunicación se halla en cierta estética de la democratización: si bien la nueva gestión del ENACOM no se ha pronunciado aún sobre la redistribución de licencias, los primeros testimonios dan cuenta de la intención de disponer de las plataformas materiales y convergentes ya establecidas, para garantizar las posibilidades de contratación de servicios en todo el territorio nacional, pero limitando, en contrapartida, un acceso a la propiedad y producción de los medios, y de la participación de universidades, organizaciones no lucrativas y de actores socioculturales relevantes en la planificación, regulación y construcción de un nuevo sistema de medios, en una nueva burocracia tecnológica en la que prima, para no contrastar con otras áreas de gestión del “gobierno PRO”, una lógica de servicio basada en la competencia para las empresas que puedan dar el mejor servicio desde lo técnico, desestimando otros aspectos como la pluralidad, la demanda insatisfecha de múltiples públicos no interpelados por la oferta mainstream, y las obligaciones que tiene el Estado para garantizar, al menos y básicamente, el derecho a la información y a la comunicación, también, de quienes no disponen de algún oligopolio. Esto, coincida o no con el signo político del presidente y de su equipo de ministros, es producto de una discusión a nivel global que ya supera el medio siglo, para la ONU, la OEA, y los estados que suscriben, como el nuestro: la comunicación, y la cultura, como un derecho inalienable.
Para ejemplificar este último punto se puede revisar, al menos nominalmente, las primeras disposiciones del flamante Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de Hernán Lombardi. Principalmente en lo que confiera al sistema de Televisión Digital Abierta, nueva plataforma de acceso irrestricto a cierta cantidad de señales que garantiza el Estado, la arbitraria salida de la señal venezolana Telesur, de línea editorial afín a los procesos políticos previos y antagónicos al modelo de “Cambiemos”, abre la polémica si se considera que, al menos simbólicamente, se trata del único medio cuya “bajada” se distancia de las principales señales de noticias internacionales. ¿Dónde queda el derecho al consumo de un canal de televisión que ha llegado a medir, en este país, incluso más que la tradicional CNN? Demás está decir que, además y si bien excede a las competencias legislativas, las reformas generadas en la programación de la TV y la radio del Estado, y los consecuentes despidos de periodistas identificados con el gobierno anterior, son cuestiones menores pero significativas que tienden a consolidar las nuevas formas de concentración en la comunicación por parte del binomio gobierno – grupos económicos que tiene como objetivo, entre otros y al menos en esta primera parte de gestión, suprimir parte de los discursos potencialmente críticos, en una notable ironía si recordamos que, en épocas de campaña, quienes hoy gobiernan llegaron a las urnas prometiendo que no se iba a “perseguir a quien piense distinto”.
Notablemente, la discusión sobre la regulación de medios y la vigencia, o no, de la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha salido casi de la agenda pública; por parte del oficialismo y de las empresas que habrían podido ser afectadas, seguramente, por un interés involucrado; y por parte de la oposición también, considerando la urgencia de otros temas en boga que revisten mayor interés público, como puedan ser el desempleo en alza y la creciente inflación. Sin embargo, de abandonarse el debate y consolidarse los favores del ENACOM hacia los oligopolios de la producción y distribución de medios, la población quedara expuesta ante un mercado que de privados que ofrecerán lo que les venga en gana, y a los precios y condiciones de que dispongan. De más está decir que las posibilidades de acceder y participar en medios para actores sociales ajenos al sistema actual se reducirán de sobremanera si el Estado no se pronuncia en hechos con respecto a la ley 26522, ya sea para confirmarla o reelaborarla. Sin lugar a dudas, hoy son más las incertidumbres que las certezas; en cualquier caso, es responsabilidad de los comunicadores sostener el debate, e impedir que la normativa lograda se pierda en un limbo legislativo, considerando que no sólo convergen los canales informáticos, sino también, en este tipo de negocios, los poderes y las condescendencias políticas.