Cien organizaciones de derechos humanos de todo el mundo destacan que la decisión del tribunal estadounidense sobre la deuda externa argentina tiene impacto en la vigencia de los derechos humanos y exigen la reforma del sistema financiero global.
En una reciente decisión, la Corte Suprema de EE. UU rechazó un recurso presentado por Argentina en la causa iniciada por el fondo buitre NML que había adquirido títulos de la deuda pública de ese país luego del default del año 2002 y no había aceptado integrar el acuerdo alcanzado con más del 92 por ciento de los acreedores en 2005 y 2010. De este modo quedó firme una sentencia que interpreta que la cláusula estándar pari passu (igualdad de rango o de trato) impide saldar la deuda reestructurada si al mismo tiempo no se les paga al grupo de acreedores que no aceptó el acuerdo y procura obtener un retorno del 1600% de lo pagado por los bonos al momento de su adquisición. Esta interpretación se aparta del sentido que por décadas predominó en las cláusulas de referencia y pone en riesgo los acuerdosalcanzados por un Estado para reestructurar su deuda.
Ya en 2010 existían más de cincuenta demandas de este tipo contra países altamente endeudados y muchas de ellas todavía están pendientes de resolución. Por eso, el conflicto entre Argentina, los fondos buitre y el poder judicial de Estados Unidos no debe entenderse como un caso aislado sino como la expresión de un problema global con impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Se trata de un conflicto entre unos pocos acreedores que se apoyan en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero y la capacidad de los Estados de alcanzar acuerdos con la mayoría de sus acreedores y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de su población.
Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben equilibrar los intereses de acreedores y deudores para respetar las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.
El artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Desde principios de los 90, una de las principales preocupaciones del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de la supervisión del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, ha sido “el efecto negativo de la carga de la deuda y de las medidas consiguientes de ajuste sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en muchos países”. Esta cuestión se ha mantenido en la agenda del Comité tanto en sus evaluaciones periódicas de los Estados parte como en las observaciones sobre el alcance y contenido de los derechos consagrados en el Pacto, en particular, en materia de educación, alimentación, trabajo, seguridad social y derechos culturales.
En 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. El principio 6 establece que los Estados deben asegurar que las actividades estatales relacionadas con las decisiones acerca de la concesión y solicitud de préstamos, la negociación y aplicación de acuerdos sobre préstamos y otros instrumentos de deuda, la utilización de los fondos, los pagos de deuda, la renegociación y reestructuración de la deuda externa no vayan en detrimento de los derechos humanos. El principio 8 agrega que “toda estrategia de deuda externa debe concebirse de forma que no obstaculice el mejoramiento de las condiciones que garantizan el disfrute de los derechos humanos y debe estar destinada, entre otras cosas, a garantizar que los Estados deudores alcancen un nivel de crecimiento adecuado para satisfacer sus necesidades sociales, económicas y de desarrollo, así como cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
En noviembre de 2013, Cephas Lumina – entonces experto independiente del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos— luego de una visita a la Argentina apoyó la decisión de “no ceder a las demandas irrazonables de algunos fondos buitre que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras” y realizó un llamamiento “a todos los países para que promuevan legislación, con carácter prioritario, para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados”. Lumina recordó en esa oportunidad que en los Principios “se subraya que los Estados deberían velar porque los derechos y las obligaciones originados en un acuerdo o arreglo sobre la deuda externa (…) no sean incompatibles con sus obligaciones mínimas de satisfacer los niveles básicos de cada derecho económico, social y cultural y no lleven a la adopción deliberada de medidas regresivas”.
Estas reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que preceden la decisión de la justicia de EE.UU sobre los fondos buitre, no son las únicas que han sido dejadas de lado. La sentencia, al redefinir el significado de la cláusula pari passu, abre un nuevo escenario que incrementa los incentivos para que en situaciones futuras de crisis de deuda soberana los acreedores se nieguen a negociar, lo que dificultará o volverá casi imposibles las reestructuraciones de deuda de países que lo necesiten.
El derecho internacional público establece principios acerca de mecanismos de resolución de conflictos internacionales a través del consenso para restringir las prácticas abusivas. En 2012, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo hizo públicos los Principios internacionales sobre la toma y otorgamiento de préstamos soberanos, que no crean derecho nuevo sino que se basan en derecho y principios generales existentes en legislaciones nacionales e internacionales en la materia. El punto 7 establece que “todos los prestamistas tienen el deber de actuar de buena fe y con espíritu de cooperación para llegar a una reorganización consensual de esas obligaciones” y que “un acreedor que adquiere un instrumento de deuda de un soberano en problemas financieros con la intención de forzar una preferencial liquidación de la reclamación fuera de un proceso de entrenamiento consensual está actuando de manera abusiva”. El punto 15 de los Principios señala que “si una restructuración de obligaciones por deudas soberanas se torna inevitable, debe ser abordada de manera pronta, eficiente y justa”
Las reglas de la buena fe y del uso no abusivo del derecho forman parte de los “principios generales del derecho de las naciones civilizadas” (artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia) y se reflejan en normas y prácticas en materia de reestructuración de deuda ampliamente refrendadas en los marcos jurídicos de los Estados. Su relevancia está dada por la insuficiencia del derecho internacional convencional o consuetudinario. Por lo tanto, son fuentes normativas que guían los comportamientos de los Estados, incluidos sus órganos judiciales. Las prácticas de grupos que adquieren bonos de países en crisis con el sólo fin de obtener un trato preferencial a través de medidas abusivas no están en conformidad con el principio de buena fe.
La decisión de la justicia de Estados Unidos evidencia la arbitrariedad e inconsistencia en la interpretación de cláusulas contractuales por parte de los tribunales y tiene como resultado una merma en la capacidad de los Estados de satisfacer sus obligaciones básicas en materia de derechos humanos.
Las actividades de los fondos buitre son una de las tantas expresiones de la naturaleza injusta del sistema financiero global. Por ello, las medidas para combatirlos deben ser parte necesaria de la agenda de reformas del sistema actual, que reclama urgente acción colectiva para:
- Lograr que todos los Estados, y en particular los EE. UU y otras jurisdicciones en las que se han presentado demandas de este tipo, promulguen leyes que restrinjan la actividad predatoria de los fondos acreedores.
- Asegurar que los Estados deudores instauren reglas de procedimiento que limiten las prórrogas de jurisdicción que pueden tener impacto en la vigencia de los derechos humanos.
- Crear un mecanismo internacional imparcial e independiente para resolver controversias relativas a la reestructuración de la deuda soberana, basado en la obligación de los Estados de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos, tanto en sus territorios como extraterritorialmente, que sea comprehensivo y vinculante para todos los acreedores, públicos y privados, bilaterales y multilaterales y que contemple un stay inmediato de todo pago una vez iniciado el proceso. Este mecanismo debería incluir la determinación de qué nivel de deuda es sostenible teniendo en cuenta las necesidades de recuperar la viabilidad económica y atender a los derechos humanos de la población y, a partir de ello, la decisión de qué nivel de reestructuración es necesario. El mecanismo debería tener en cuenta que un deudor soberano es diferente de un deudor privado y proveer instancias para la participación, rendición de cuentas y transparencia hacia la población del país deudor.
La elaboración de un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de un marco renovado de compromisos para la cooperación internacional en el financiamiento del desarrollo, ofrece una oportunidad para impulsar la creación de tal mecanismo y otras medidas para resolver situaciones de deuda insostenible en consonancia con los principios de derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
Center for Economic and Social Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Center of Concern
Association for Women’s Rights in Development (AWID)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh)
Comisión Colombiana de Juristas
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Conectas Direitos Humanos
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
Egyptian Initiative for Personal Rights
European Network on Debt and Development (Eurodad)
Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH
Fundación Myrna Mack Guatemala
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. México
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Región México
Habitat International Coalition (HIC)
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Jubilee USA Network
Justiça Global
Kenya Human Rights Commission (KHRC)
Legal Resources Centre
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI ) Vía Campesina Argentina
Observatorio Ciudadano de Chile
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
People’s Movement for Human Rights Learning
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ)
Red Latinoamericana de Deuda y Desarrollo
Third World Network (TWN)
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales
ANDHES
Ahmed Bonjeq’s Center to Support Freedoms and Human Rights Algmehoria Center for Studies and Human Right (ACHRS)
Arab Committee for the defense of freedom of opinion and expression
Arab Organization for Human Rights in Syria
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pro Derechos Humanos
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE )
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Nutrición de la Universidad de Buenos Aires
Center for Democracy and Civil Rights in Syria
Centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de Bolivia CEJIS
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Committees for the defense of democracy freedoms and human rights in Syria (C.D.F)
Coordinadora de Trabajo Carcelario
Corporación Humanas
Ebla Center for Peace and Transitional Justice
Escuela Nacional Sindical, con sede en Colombia
Finnish League for Human Rights
Fundación Jubileo Bolivia
Hand in hand for Syria
Human Rights Commission of Pakistan
Human Rights Organization in Syria (MAF)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Kaskay Organization for the Protection of Environment
Kurdish Committee of Human Rights in Syria
Kurdish Organization Advocating Human Rights and General Freedoms in Syria Kurdish-Syrian Center of Documentation.
La ligue des Electeurs
Labour, Health and Human Rights Development Centre
League for Human Rights Netherlands (LvRM)
Ligue Algérienne Pour la Défense des Droits de l’Homme Ligue de droits de L´Homme
Línea de Investigación sobre Derechos humanos, convivencia y seguridad ciudadana de GIS XXI
Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitacion Padilla”
Narina Association for Children and Youth National Coordinate Advocating the Missing in Syria National Gathering for the Rights of Women and Children.
National Organization of Human Rights in Syria
Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro Argentina
Organización SurDH – Red Alternativa de Derechos Humanos
Organization of Defending Prisoners of Opinion in Syria
Organization of Reporters Without Newspapers
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
Syrian Center for Democracy and Rights of Development.
Syrian Center for Educating Human Rights
Syrian Center for Human Rights
Syrian Center for Rehabilitating Victims of Violence and Torture. Syrian Center for Transitional Justice and Promotion of Democracy Syrians for Democracy.
The Syrian Center for Civil Society and Human Rights Studies
The Syrian Center For searches And Studies On Immigration And Asylum
The Syrian Center for Transitional Justice (MSAA)
The Syrian Coalition Against the Death Penalty
The Syrian Committee for Environmental Rights
The Syrian Federation for Human Rights Organizations and Bodies The Syrian Platform for Non-Governmental Organizations
The Ugarit Center for Training and Human Rights Union for Civil Liberty Thailand
English version
The conflict between Argentina, the vulture funds and the judicial branch of the United States exposes a global problem that impacts on human rights
One hundred Human Rights organizations from all over the world call attention to the impact on human rights of the US Court decision on Argentina´s sovereign debt and demand the reform of the global financial system.
In a recent decision, the U.S. Supreme Court denied cert on a petition filed by the Republic of Argentina in the case initiated by the vulture fund NML that had acquired Argentine sovereign debt bonds after the 2002 default and had not accepted the terms of the agreement reached with over 92% of the bondholders in 2005 and 2010. Thus, the Supreme Court affirmed a lower court opinion that interprets the standard pari passu clause (equality of rank and treatment) as forbidding Argentina from making payments on its restructured debt if at the same time it does not pay the bondholders who did not accept the terms of the agreement and aim to achieve a 1600% return on their original investment. This interpretation diverges from the meaning that has been given to these clauses for decades and endangers the agreements States reach with creditors in debt restructuring negotiations.
In 2010 there were already more than fifty claims of this sort against highly indebted countries, and many of them are still pending. As a result, the conflict between Argentina, the vulture funds and the judicial branch of the United States must not be understood as an isolated case, but rather as the expression of a global problem that impacts the effective implementation of human rights. This is a case about the conflict between a few bondholders who rely on predatory practices furnished by the financial system and the ability of States to reach agreements with the majority of their sovereign debt holders and guarantee the economic, social and cultural rights of their people.
Today, this tension is at the center of one of the most heated debates in the international community about how to balance the interests of creditors and debtors in ways that ensure States can respect their obligations in the promotion and protection of rights.
Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights establishes that “all peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any objections arising out of international economic co—operation, based upon the principle of mutual benefit and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.”
Since the early 90s, one of the main concerns of the Committee on Social, Economic and Cultural Rights, the body in charge of monitoring the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, has been “the adverse impact of the debt burden and of the relevant adjustment measures on the enjoyment of economic, social and cultural rights in many countries”. This issue has been on the Committee’s agenda in its periodic evaluations of States Party and in its observations about the extent and content of the rights enshrined in the Covenant, particularly in the realm of education, nutrition, employment, social security and cultural rights.
In 2012, the United Nations Human Rights Council endorsed the Guiding Principles on Sovereign Debt and Human Rights. Principle 6 established that States should ensure that any and all of their activities concerning their decisions on lending and borrowing, the negotiation and implementation of loan agreements or other debt instruments, the utilization of loan funds, debt payments, and the renegotiation and restructuring of external debt do not derogate their human rights obligations. In addition, Principle 8 establishes that “any foreign debt strategy must be designed not to hamper the improvement of conditions guaranteeing the enjoyment of human rights and must be directed, inter alia, to ensuring that debtor States achieve an adequate level of growth to meet their social and economic needs and their development requirements, as well as fulfillment of their human rights obligations.”
In November 2013, Cephas Lumina – former United Nations Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights–, following a fact—finding visit to Argentina, supported “the position of the Government not to yield to unreasonable demands by some vulture funds that continue to litigate against the country in foreign jurisdictions” and urged “all countries to enact legislation, as a matter of priority, to limit the ability of unscrupulous investors to pursue immoral profits at the expense of the poor and most vulnerable through protracted litigation.” At the time, Lumina recalled that the Principles “emphasize that States should ensure that the rights and obligations arising under an agreement or deal on external debt […] are not inconsistent with their obligations to meet the minimum basic levels of each economic, social and cultural right, and do not lead to the deliberate adoption of regressive measures.”
These international human rights norms, which precede the U.S. judiciary’s decision about vulture funds, are not the only ones that have been ignored. By redefining the meaning of pari passu clauses, the new decision opens up a scenario that increases the incentives for sovereign debt holders to refuse to negotiate in future debt crises, which will hamper or make the implementation of debt restructuring processes for countries in need close to impossible.
International public law also establishes principles for conflict resolution mechanisms that favor consensus—building to restrict abusive practices. In 2012, the United Nations Conference on Trade and Development unveiled the Principles on Promoting Responsible Sovereign Lending and Borrowing, which do no create new law, but rather are based on general principles and jurisprudence that are present in existing national and international laws on the matter. Principle 7 establishes that all “lenders should be willing to engage in good faith discussions with the debtor and other creditors to find a mutually— satisfactory solution’ and that ‘a creditor that acquires a debt instrument of a sovereign in financial distress with the intent of forcing a preferential settlement of the claim outside of a consensual workout process is acting abusively.” Principle 15 highlights that “if a restructuring of sovereign debt obligations becomes unavoidable, it should be undertaken promptly, efficiently and fairly.”
Principles of good faith and non—abusive use of the law are part of the ‘general principles of the law recognized by civilized nations’ (article 38 of the Rules of the International Court of Justice) and are reflected in rules and practices regarding debt restructuring widely endorsed by States’ legal frameworks. They become relevant in light of the gaps left by treaty and customary international law, and thus serve as norms to guide the behavior of States, including that of their judicial bodies. The practices of those who acquire bonds of countries in crisis with the sole intent of obtaining preferential treatment through abusive measures are not consistent with principle of good faith.
The decision of the U.S. judiciary evinces the arbitrary and inconsistent nature of the courts’ interpretation of contractual clauses and has the result of hampering States’ ability to fulfill their basic human rights obligations.
The actions of vulture funds represent one of many expressions of the injustice inherent in the global financial system. Thus, the measures taken to fight them must become a necessary part of the current system’s reform agenda, which requires urgent collective action in order to:
- Achieve that all States, and particularly the United States and other jurisdictions where similar claims have been filed, enact laws that restrict the predatory activities of creditor funds.
- Ensure that debtor States implement procedural safeguards that limit foreign jurisdictions’ ability to impact the full enjoyment of human rights.
- Create an international mechanism that is neutral and independent, designed to resolve disputes concerning the restructuring of sovereign debt, based on the obligation of States to respect, protect and enforce human right, both in their territories and extraterritorially. Such a mechanism must be comprehensive and binding for all creditors, public and private, bilateral and multilateral and contemplate an immediate stay of all payments as of the initiation of proceedings. This mechanism should also make a determination about what constitutes a sustainable debt burden, taking into account the need to recover economic viability and ensure the population’s human rights are met, and on that basis decide what level of restructuring is necessary. Such a mechanism should recognize that a sovereign debtor is different from a private debtor and provide opportunities for participation, accountability and transparency that encompass the debtor country’s population.
The elaboration of a new set of Sustainable Development Goals and of a renewed framework of commitments for international cooperation in the financing of development provides an opportunity to promote the creation of such a mechanism and other measures to resolve unsustainable debt scenarios in line with human rights principles.
Center of Economic and Social Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Center for Concern
Association for Women’s Rights in Development (AWID)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh)
Comisión Colombiana de Juristas
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Conectas Direitos Humanos
Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
Egyptian Initiative for Personal Rights
European Network on Debt and Development (Eurodad)
Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH
Fundación Myrna Mack Guatemala
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. México
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Región México
Habitat International Coalition (HIC)
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay Jubilee USA Network
Justiça Global
Kenya Human Rights Commission (KHRC) Legal Resources Centre
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI ) Vía Campesina Argentina
Observatorio Ciudadano de Chile
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
People’s Movement for Human Rights Learning
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)
Realizing Sexual and Reproductive Justice (RESURJ)
Red Latinoamericana de Deuda y Desarrollo
Third World Network (TWN)
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES
Ahmed Bonjeq’s Center to Support Freedoms and Human Rights
Algmehoria Center for Studies and Human Right (ACHRS)
Arab Committee for the defense of freedom of opinion and expression
Arab Organization for Human Rights in Syria
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Pro Derechos Humanos
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE )
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Nutrición de la Universidad de Buenos Aires
Center for Democracy and Civil Rights in Syria
Centre national de coopération au développement, CNCD-11.11.11
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» México
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
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Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Committees for the defense of democracy freedoms and human rights in Syria (C.D.F)
Coordinadora de Trabajo Carcelario
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Ebla Center for Peace and Transitional Justice
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Human Rights Organization in Syria (MAF)
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR)
Kaskay Organization for the Protection of Environment
Kurdish Committee of Human Rights in Syria
Kurdish Organization Advocating Human Rights and General Freedoms in Syria Kurdish-Syrian Center of Documentation.
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Labour, Health and Human Rights Development Centre
League for Human Rights Netherlands (LvRM)
Ligue Algérienne Pour la Défense des Droits de l’Homme Ligue de droits de L´Homme
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Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitacion Padilla”
Narina Association for Children and Youth
National Coordinate Advocating the Missing in Syria
National Gathering for the Rights of Women and Children.
National Organization of Human Rights in Syria
Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro Argentina
Organización SurDH – Red Alternativa de Derechos Humanos
Organization of Defending Prisoners of Opinion in Syria
Organization of Reporters Without Newspapers
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) Syrian Center for Democracy and Rights of Development.
Syrian Center for Educating Human Rights
Syrian Center for Human Rights
Syrian Center for Rehabilitating Victims of Violence and Torture. Syrian Center for Transitional Justice and Promotion of Democracy Syrians for Democracy.
The Syrian Center for Civil Society and Human Rights Studies
The Syrian Center For searches And Studies On Immigration And Asylum
The Syrian Center for Transitional Justice (MSAA)
The Syrian Coalition Against the Death Penalty
The Syrian Committee for Environmental Rights
The Syrian Federation for Human Rights Organizations and Bodies The Syrian Platform for Non-Governmental Organizations
The Ugarit Center for Training and Human Rights
Union for Civil Liberty Thailand