Elecciones de Puerto Rico: señales mixtas desde la última colonia de Latinoamérica
Puerto Rico acaba de celebrar comicios generales el pasado 6 de noviembre, donde se elegían todos sus puestos directivos gubernamentales. Se decidían los puestos de gobernador -el principal ejecutivo del territorio (la soberanía del país reside en los Estados Unidos, la potencia colonial que lo ocupó en 1898), el de comisionado residente
Elecciones de Puerto Rico: señales mixtas desde la última colonia de Latinoamérica
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Puerto Rico acaba de celebrar comicios generales el pasado 6 de noviembre, donde se elegían todos sus puestos directivos gubernamentales. Se decidían los puestos de gobernador -el principal ejecutivo del territorio (la soberanía del país reside en los Estados Unidos, la potencia colonial que lo ocupó en 1898), el de comisionado residente (algo así como un mendigo glorificado disfrazado de congresista que asiste a una de las cámaras del Congreso estadounidense a pedir que le apliquen a Puerto Rico leyes que le beneficien, pero a quien no dejan siquiera votar), 78 legisladores de una Asamblea Legislativa bicameral -notoria por ser de las más excesivamente suntuosas del mundo- y alcaldes y concejales para 78 municipios (o comunas), que no son pocas para un territorio de 8.900 kilómetros cuadrados.
Escribo estas líneas usando como base resultados preliminares de las elecciones de Puerto Rico, mi país, la Nación incomprendida de Latinoamérica. Y como incomprendida que es, me veo obligado a las explicaciones de rigor, vistas desde mi óptica particular.
En la política puertorriqueña, como resultado de nuestra condición colonial con los Estados Unidos por ya 114 años, la política puertorriqueña está deslindada más bien por las preferencias de “status” político, es decir, por qué lealtad le tienen los boricuas a determinada opción de gobierno y su relación con la potencia colonial, que por credos de izquierda o derecha -aunque esto está cambiando marcadamente a medida que pasa el tiempo. El nuestro es un sistema para efectos prácticos binomial -donde se dividen casi por igual las masas por su adhesión a dos opciones que buscan la “unión permanente” con los Estados Unidos.
En la práctica, sin embargo, se trata de dos pandillas que buscan acaparar poder y repartirse puestos y prebendas, favorecer a sus inversionistas políticos, y ensayar esquemas económicos cada vez más dependientes del fisco de los Estados Unidos. Una de las opciones, la anexión total a Estados Unidos, la profesa el hasta hoy partido oficialista, el Partido Nuevo Progresista (PNP), de derecha -y acercándose cada vez más a la extrema derecha-. La otra opción, mantener el ambiguo status autonómico, es respaldada por el Partido Popular Democrático (PPD), que originó esa criatura política llamada “Estado Libre Asociado…” que no es ninguna de las tres cosas. Ambas fuerzas reciben apoyo de sectores de nuestra población que fluctúan entre el 42% y el 48%. En estas elecciones, las fuerzas han llegado tan parejas que, de un universo votante de un millón 800 mil electores, ambos partidos han terminado en un virtual empate, obteniendo cada uno al menos 830 mil votos íntegros.
Todo aparenta que Alejandro García Padilla del PPD, un abogado y senador, joven y algo campechano, con relativamente poca experiencia administrativa (excepto una previa como ombudsman del consumidor en un pasado cuatrienio) ganó por muy pocos votos al actual gobernador, Luis Fortuño Burset del PNP, también abogado, y previamente comisionado residente en Washington. Fortuño es líder de una facción de burócratas creciente dentro del PNP que cree firmemente en el “republicanismo” de extrema derecha copiado de líderes estadounidenses como Ronald Reagan, y fue fervoroso creyente de la teoría del “capitalismo económico en cascada” (“trickle-down economics”), que busca mejorar a las clases acomodadas para que, a su vez, éstas mejoren la economía en su interacción con las demás clases. Al momento de cierre de estas líneas la ventaja de García no pasaba de 16 mil votos.
Ambos candidatos, como es usual en elecciones puertorriqueñas, son líderes que han dependido muchísimo en la manufactura y realce de su imagen -cual si fueran productos de consumo- durante la campaña que acaba de terminar. Ambos también fueron objeto de múltiples sondeos de opinión pública -tantos como para dar origen a suspicacia sobre cuántos de ellos iban dirigidos a crear esta opinión, en vez de medirla. Curiosamente, los partidos de ambos candidatos fueron también objeto de endosos públicos por figuras de la farándula como Ricardo Montaner, Marc Anthony, Willie Colón y Johnny Ventura -ninguno de los cuales, valga la pena añadir, vota en Puerto Rico.
Fortuño probablemente pase a la historia como uno de los más odiados administradores coloniales que Puerto Rico ha tenido -algo que contrasta marcadamente con su carácter afable y hasta pusilánime, muy alejado del típico “cacique” político caribeño. A tal grado despertaba pasiones como para que Residente, la voz del grupo de música urbana alternativa Calle 13, fuera quien como para llamarle “hijo de la gran puta” en televisión internacional, con televidentes de docenas de países como testigo.
Fortuño deja, como sus predecesores, una enorme deuda pública acumulada que, bajo su mando, alcanza ahora los $67 mil millones de dólares. Fortuño recibió $7 mil millones de dólares de estímulo económico por parte de la administración de Barack Obama, para hacer proyectos de infraestructura e impulsar la economía boricua, que se mantuvo en recesión (y hay quien dice que todavía se mantiene en ella) durante seis años -y encima de esto, tomó $11 mil millones más en préstamo. El desempleo o paro no baja del 13%. La tasa de participación laboral -los que trabajan y pueden trabajar- ronda el 39%. Solamente Zimbabue y Haití tuvieron una economía en peor estado que la de Puerto Rico durante el año 2010. Se trata de una economía fuertemente basada en consumo (la cultura de los “malls” es muy fuerte), que a su vez es respaldado por una economía poco diversificada, con un componente grande de ayuda social y economía informal.
Por si estos datos no evidenciaran el potencial de una crisis social explosiva en Puerto Rico, Fortuño despidió una cifra de empleados públicos para achicar el gobierno, que varía -según a quien usted crea- de 12 mil a 36 mil empleados. Estos nuevos desempleados se unen a los de una economía, previamente dependiente en créditos contributivos al fisco estadounidense (que el partido de Fortuño pidió eliminar), que ha perdido cerca de 53 mil empleos de manufactura, mayormente farmacéutica, en los últimos diez años. Para estimular la economía el gobierno actual expidió al menos $300 millones en contratos -buena parte de ellos relacionados a la industria energética, la hotelería de lujo, la construcción de infraestructura y la educación. El gobierno boricua también comenzó la privatización parcial o total de haberes como dos autopistas y el aeropuerto internacional de San Juan, y la construcción de un gasoducto que iba a recorrer más de 150 kilómetros. Algunos especulaban que este último, que conllevaba serios retos ecológicos, era meramente un favor político a donantes del partido oficialista, a un costo -de nuevo, dependiendo de a quién usted le cree- entre $12 y $90 millones de dólares.
Todo esto ocurría mientras los inversionistas extranjeros -los verdaderos dueños de Puerto Rico- veían sus inversiones amenazadas, hasta el punto que tres casas evaluadoras llegaron a degradar la clasificación de los bonos del país y sus corporaciones públicas -algunos casi al punto de la clasificación chatarra. Para ser justos con Fortuño, los bonos -algunos de ellos altamente codiciados por ser triplemente exentos de impuestos sobre sus ganancias- ya gozaban de clasificaciones no saludables previos a su gestión pública. Sin embargo, por la Constitución política local que data de 1952, el servicio de la deuda tiene prioridad por sobre todo otro gasto público -y uno de cada siete dólares del fisco boricua es gastado actualmente en servicio de deuda. Hay quien dice que debieran ser $3.
Por si fuera poco, escudándose en un resultado electoral previo que le daba control total de dos de las tres ramas del gobierno, el PNP se ocupó de manejar políticamente los nombramientos de jueces hasta lograr control ideológico de la Corte Suprema. La suntuosidad de los funcionarios -compartida por ambos partidos- alcanzó niveles insospechados: desde estipendios para autos de $1.500 dólares al mes para legisladores, hasta cortes de pelo de $500 para la Primera Dama, Luz Eufemia Vela. Cuando el gobernador -que reside en una fortaleza que data del Siglo XVI y por ende no paga vivienda, comida ni transportación- anunció que su esposa, abogada notaria, continuaría con su práctica notarial, pocos imaginarían que ella sería capaz de hacer tantas notarías al año desde La Fortaleza como para suplementar el sueldo de su esposo en al menos $340 mil dólares al año (y quizá tanto como $2 millones). Sin mencionar el gasto de $3 millones de dólares por producir un espectáculo del tecladista griego Yanni con tal de promocionar el país. (La referencia a Grecia no es licencia poética).
Finalmente, el gobierno saliente se caracterizó por una fuerte represión a los derechos civiles y ciudadanos. Por mencionar un ejemplo, Fortuño -antiguo asesor legal de una universidad privada- decidió aplicar principios de mercado a la Universidad de Puerto Rico, elevando sus cuotas de matrícula por al menos $800 por estudiante al año, reduciendo programas (hasta 400 clases), y no renovando contratos a algunos profesores. Sus políticas trajeron como resultado una cruenta huelga estudiantil en 2010, la ocupación policial al campus en 2011, y la pérdida de 12 mil estudiantes entre 2011 y 2012. El jefe de gabinete de Fortuño, Marcos Rodríguez Pujada, fue el primero en reclamar que se sacara a los estudiantes “a patadas” de sus barricadas -y en muchos casos eso fue precisamente lo que sucedió. En un país con más de mil asesinatos por año, los recursos de la Policía de Puerto Rico eran concentrados en ocupar los campus de la Universidad del estado. Por ser percibido como una amenaza o un “nido de separatistas”, la desarticulación del movimiento estudiantil fue reclamada como una victoria para “la Ley y el Orden” en discursos de la situación del país.
Es de esperar que la incomodidad con el régimen anexionista fuera, entonces, central a la campaña política de 2012. Tradicionalmente las campañas políticas boricuas se centran en servir como juicios sobre la confianza al partido incumbente. Muchas se han centrado sobre la corrupción, legal o ilegal, percibida en la administración de turno. Casi todas se centran sobre la competencia -o falta de ella- del incumbente y su equipo de trabajo en paliar los serios problemas económicos de una economía que no crece mucho desde los 1970s, y que va en picada en lo que va del siglo. Últimamente todas tratan sobre la criminalidad rampante causada por el narcotráfico y por el uso del archipiélago boricua (parte del territorio aduanal de los Estados Unidos), como puente de dos vías entre los cárteles de la droga y la clase consumidora local y estadounidense. Sin embargo, las reacciones viscerales en favor y en contra de Fortuño intensificaron el tono de la campaña. Cuando parecía evidente que era imposible una revalidación de Fortuño como gobernador, el PNP decidió seguir una maniobra política astuta.
La mayoría parlamentaria anexionista decidió flexibilizar la inscripción de partidos políticos, hasta que tres más de ellos ocuparan parte del espectro político. Con eso buscaban diluir a las fuerzas puertorriqueñistas (¡Sí, señores, tal división entre pro-Puerto Rico y pro-EEUU existe entre nosotros!).
Y he acá la parte del rompecabezas que probablemente falta en la mente de quien nos lea en Latinoamérica.
Una minoría, menguada en parte por la represión política que ha sufrido durante décadas, y en parte por su propia incompetencia a la hora de aglutinar fuerzas y tender puentes, es el independentismo boricua (al cual me honro en pertenecer). El independentismo, por definición, tiende a ser de izquierda. El partido que oficializa a la opción independentista, el PIP, ha visto sus fuerzas políticas menguarse, de ser la principal oposición política en los 1950s, hasta solo representar el 2,5% del voto hoy día. Sus votantes potenciales desafectos (algunos de extrema izquierda) probablemente somos más numerosos fuera del Partido que dentro de él. Lo que buscaba el PNP al flexibilizar la inscripción de partidos nuevos era descalabrar finalmente el independentismo. El PIP, curiosamente, aceptó la idea con mucho agrado, puesto que cree firmemente que, cuando Puerto Rico pida anexarse a Estados Unidos, el americano se va a negar rotundamente a incorporar a una nación latinoamericana, mulata y caribeña a su constelación de estados. Allá ellos que creen que eso no tiene sus riesgos.
Los anexionistas luego decidieron hacer un referéndum sobre status político (el cuarto en 45 años) donde la opción de su principal oposición no figurara en la papeleta, para que ocurriera el mismo día que la elección general. Se consideraría entonces votar por “Colonia, Sí o No”, y si la respuesta era No, por tres opciones: la anexión total a Estados Unidos, la independencia, o una fórmula mejorada de libre asociación, donde Puerto Rico decidiera ser soberano, pero a la vez negociar voluntariamente qué poderes tendría los Estados Unidos sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. La idea era sacar a votar a los desafectos anexionistas con la gestión de Fortuño -que normalmente se hubieran quedado en casa como protesta, y motivarlos a darles una estocada final al status colonial actual. Basándose en datos demográficos y electorales que les indicaban que, de no ver su opción preferida en una papeleta de referéndum, muchos estadolibristas preferían votar por la anexión si no les quedaba otro remedio, el PNP quería forzar además a que la oposición, el PPD, se partiera por el medio ideológicamente.
El resultado electoral del 6 de noviembre, sin embargo, ha sorprendido a todo el mundo en Puerto Rico. Los partidos fuera del binomio obtuvieron no más de 60 mil votos entre todos ellos. Esto, en una elección decidida por no más de 15 mil votos, tiene su significancia estadística. En el referéndum de status, la anexión obtuvo 800 mil votos. La oposición a la anexión (votos en blanco, por el status actual mejorado, y por la independencia) suman 910 mil votos. Esto le hubiera venido como anillo al dedo del PNP y le hubiera dado la perfecta excusa para ir a Washington a pedir la anexión… si no hubiera perdido la gobernación, la Asamblea Legislativa, y el 60% de los municipios. Es evidente que los votantes potenciales de los cuatro partidos emergentes se volcaron en el PPD (algo tradicionalmente llamado “melonaje” en Puerto Rico, tomando como ejemplo el votante del Partido Independentista -verde-, que por dentro realmente es rojo -miembro del PPD).
En el caso más dramático, la alcaldía de San Juan, nuestra ciudad capital, fue ganada por Carmen Yulín Cruz del PPD, una rareza en la política puertorriqueña al ser gestora de alianzas entre partidos (prohibidas oficialmente por nuestra ley electoral), al ser izquierdista en un partido de centro derecha como el PPD, y al enfrentar -con el manifiesto desagrado de buena parte del liderato de su partido- a un típico macharrán político como el alcalde saliente, Jorge Santini, quien ha gobernado la ciudad casi como su feudo personal durante los pasados 12 años. La victoria de la coalición que gestó Cruz -con una fuerte base populista, incluyente de todo el espectro político, y con fuerte representación de minorías de migrantes dominicanos, líderes comunitarios, la comunidad LGBTT, etcétera, sorprendió al país entero. Como decía Ignacio Rivera, un analista político pro-anexión y uno de los más sorprendidos, Santini, acostumbrado a la prepotencia en la guerra verbal (entre ellos, con el propio Residente Calle 13, quien le dedicó la canción “Digo Lo Que Pienso” en su álbum “Entren los que quieran”), sencillamente no estaba preparado para manejar una oposición pacífica.
García Padilla, el evidente ganador de la gobernación, fue muy criticado por hacer una campaña política algo simplista, no saliéndose mucho de los libretos a la hora de debatir o hacer campaña. Es evidente que muchos piensan que él no ganó, sino que Fortuño perdió estrepitosamente. García, un derechista “lite” con lealtades más hacia el Norte que hacia Puerto Rico durante buena parte de su campaña, tuvo que apelar al patriotismo boricua para vaciar a la izquierda hacia su partido y lograr salir electo. Otros piensan que el PNP solo buscaba sacar de en medio de forma honrosa a Fortuño, y con suerte, poder lograr su particular meta: impulsar un mandato a favor de la anexión en forma convincente. Ahora les queda un solo representante con suficiente estatura política -el comisionado residente actual, Pedro Pierluissi, quien fue reelecto- para ir a pedir la llamada “estadidad” a Washington. El PNP tiene además luchas intestinas post-elección que tendrá que manejar. Y Puerto Rico enfrentará, una vez más, otro cuatrienio donde “el momento de la suprema definición entre yanquis o puertorriqueños,” como le llamó el líder nacionalista boricua Pedro Albizu Campos, es postergado ante las realidades cotidianas del país: desempleo y criminalidad graves, economía débil y poco diversificada, una población que envejece, una juventud cada vez menos inclinada a participar en la vida cívica del país, y un país cada vez más falto de reafirmar su identidad.
Latinoamérica debe, moralmente, examinar con más detalle el caso de Puerto Rico para analizar los errores que nuestra sociedad ha cometido en su desarrollo vertiginoso, desde un país empobrecido en los 1930s hasta un país empobreciéndose en los 2010s. Con algo de suerte, tiene una oportunidad de oro para invitar a García Padilla y sus puertorriqueñistas ambiguos a que redescubran a nuestro continente, vean cómo se está sacudiendo la pereza de décadas de intervencionismo y políticas represivas, y quizá -es mi esperanza- que podamos ayudarnos y aprender los unos de los otros.
Autor Fiquito Yunqué info@medioslentos.com