Una denuncia hecha días atrás circuló a propósito de la situación de quienes trabajan en barcos de carga y pesqueros en torno a las Islas Malvinas. El caso, es sumamente llamativo: no sólo se está operando en un área compleja, sino que además, se denuncian graves delitos contra los derechos humanos.
En primer lugar, para poder realizar actividades pesqueras es necesario contar con licencias, que son otorgadas por el término de 25 años para que las empresas puedan realizar la explotación, por autoridades británicas, desconociendo en su totalidad el derecho de la Argentina por sobre su propio territorio. Entendiendo que las aguas de Malvinas, en opinión de la Organización de las Naciones Unidas, son una zona que se encuentra en disputa y que la pesca es una de sus actividades principales, cabe poner el ojo sobre cómo esta última se desarrolla.
En la milla 201 termina la zona económica exclusiva argentina y allí operan día a día flotas de barcos de distintas banderas con licencia de Malvinas. La alta concentración de buques no es casualidad, tiene que ver con la riqueza del Atlántico Sur Occidental, pero sobre todo con que la captura que allí se realiza es “Ilegal, No Reglamentada, No Regulada”, y en consecuencia con bajo costo de obtención.
Sin temor a error, se puede decir que unos cuatro mil esclavos son explotados bajo el programa de licencias pesqueras de las Islas Malvinas. Así es que el Reino Unido, a través de la administración de las Islas, vende licencias de pesca a más de ciento cincuenta barcos de una flota que supera los cuatrocientos barcos de pesca ilegal, no regulada y no reportada.
Es una realidad que esa flota compuesta por barcos chinos, taiwaneses, surcoreanos, españoles y panameños, no cumplen con ningún tipo de regulación laboral, de seguridad, y mucho menos ambiental. Nadie controla, nadie sabe cuánto pescan, cuánto tiran al mar, si tiran aceite o basura, cuánta contaminación producen.
Los trabajadores
A esto se suma que las condiciones de explotación y trabajo forzoso que aplican las multinacionales de la pesca rigen también para los barcos que con licencias de Malvinas capturan casi mil toneladas de calamares por día. El trabajo es duro de por sí, son 18 horas diarias de labor y 6 de descanso, con una retribución que podrá llegar a los u$s 800 por todo un mes, trabajando 7 días a la semana, durante tres meses seguidos. Las precarias condiciones laborales a bordo, han generado los casos extremos de tripulantes que saltan fuera de borda, o lo que es peor, son arrojados.
El prontuario de estos barcos no sólo se detiene en la trata con fines laborales ejercida sobre los trabajadores a bordo, sino que se lleva a cabo una sobrepesca, que sumada a los graves descuidos en materia ambiental, atentan fuertemente contra el ecosistema. Incumpliendo todo tipo de regulación. El tráfico de personas y los asesinatos son parte de las operaciones regulares, la descarga de basura, redes deterioradas y aceite usado se hace arbitrariamente, todo el tiempo. No existe restricción alguna sobre la captura pesquera: ni por las especies, ni por la temporada, tamaño, artes de pesca, ni zonificación.
A la esclavitud, se le suman los asesinatos a bordo y hasta el tráfico de drogas y, de esta manera, toda la actividad desarrollada por estos barcos que operan bajo licencia británica desde Malvinas, configura un inminente abuso de los derechos humanos. Al respecto, es necesario establecer políticas de abastecimiento éticas y sólidas para garantizar el respeto de la condición humana y condiciones de trabajo dignas, en un marco de legalidad.
A la Argentina no le pedirían nunca una licencia porque eso implicaría la obligación de tener parte de la tripulación argentina, descargar en puerto argentino, procesar en fábricas argentinas y tener observadores a bordo, regulaciones que se exigen en cualquier país del mundo. Por su parte, lo único que Inglaterra hace es cobrar las licencias, que van de 200 a 300 mil dólares (la cifra no es pública) pero no exige ningún requisito laboral, ambiental o de seguridad, y tiene apenas cinco observadores para 150 barcos.
Apoyo internacional
La acción del gobierno argentino ha sido clara y sostenida con relación a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (incorporada en la Reforma de 1994) en cuanto a la ratificación de la legítima e imprescindible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. Así como también ha sido un objetivo permanente e indiscutible del pueblo argentino – e incluso por numerosas resoluciones y declaraciones de la mayoría de las organizaciones internacionales- que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, sea siempre respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional.
De más está decir que la cuestión de soberanía sigue siendo tema central de la disputa dado que no ha podido ser objeto de conversaciones desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, debido a la renuencia del Reino Unido a incluir el tema en las negociaciones.
Así entonces, se reiteró ante los organismos internacionales y regionales y la comunidad internacional en general, el llamado al Reino Unido a cumplir con el reiterado llamamiento internacional a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y también se ha reiterado la permanente disposición argentina a tal efecto. Al mismo tiempo, el Gobierno argentino reafirmó el respeto por el modo de vida de los isleños garantizado en la Constitución Nacional y el compromiso con la consideración de sus intereses, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
Sin lugar a dudas, la Argentina seguirá ratificando su soberanía sobre las Islas y su intención de recuperar por vías democráticas lo tomado por las armas; pero ante tal avasallamiento de los derechos humanos, la voz argentina parece no alcanzar y por ello la comunidad internacional deberá tomar cartas en el asunto, instando a quienes tienen poder de decisión a que ajusten su conducta a parámetros éticos y de reconocimiento de la dignidad de las personas, respeto por el ambiente acompañado de una actitud proactiva de cuidado y preservación.
Florencia Guijo es Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Twitter: @florguijo