La trata de personas es un mal que afecta a cerca de 28 millones de personas en el mundo, sin mencionar a los cerca de 270 millones de niños y niñas obligados a trabajar, ya sea por necesidad familiar o por obligación, alrededor del planeta. A raíz de su éxito como cantante pop, Ricky Martin, mi compatriota, tuvo la oportunidad de visitar docenas de países de todo el mundo, donde pudo presenciar de primera mano muchísimas de estas situaciones de desigualdad e injusticia social. Tras una pausa sabática, Ricky comenzó la labor de establecer una fundación que analice a fondo, y luego trate de aliviar, así fuera en un marco reducido de acción, los males del tráfico de personas, la prostitución infantil, el trabajo forzado de niños y adolescentes, y otras formas de esclavitud moderna, sobre todo cuando sus víctimas son menores de edad.
Hubo quien vio en este hecho un acto de frivolidad de parte de una estrella famosa, quizá el método de un cantante rico de economizar algunos miles de dólares en impuestos. Quien conoce los orígenes del éxito de Ricky, siendo uno de muchos jóvenes adolescentes que participó por algunos años en Menudo, la fábrica boricua de éxitos musicales pop (y fábrica es probablemente la palabra adecuada para describirla), sabe que su adolescencia y la de sus compañeros fue, cuando menos, vertiginosa, y en el caso del propio Ricky, traumática. Él cuenta algunas de estas situaciones en su autobiografía “Yo” y –aun siendo presa de ellas- se consideró siempre profundamente afortunado, teniendo en cuenta su éxito posterior.
Inicialmente, Ricky requirió la ayuda de The Protection Project, un programa de investigación y labor social adscrito a la Universidad Johns Hopkins en Maryland, en Estados Unidos. Con el tiempo, Ricky estableció la sede de su fundación en Puerto Rico, cosa que sorprendió a muchos de nuestros compatriotas. “La trata es un mal de otros lugares,” decían algunos. En Puerto Rico, y bajo la arrogancia adquirida por el hiperdesarrollo económico de los 1950s y 1960s, siempre hemos pretendido creer que los múltiples males sociales que nos causaba la extrema pobreza se habían desvanecido con nuestra industrialización vertiginosa. De hecho, los primeros anuncios que realizaba la Fundación mencionaban casos de todo el mundo, probablemente los más notorios y obvios: trabajo infantil en Nuestramérica, esclavitud sexual en Tailandia, inmigración bajo engaño en Europa, fuga de adolescentes de sus entornos familiares de alto riesgo en los Estados Unidos, y otras situaciones parecidas.
Sin embargo, al configurar su Fundación, Ricky tuvo la suerte de recibir el apoyo y asesoramiento de varios profesionales de nuestro país que conocían, luego de múltiples investigaciones, la delicada situación social del Puerto Rico de hoy día. Algunos de ellos le sugirieron a Ricky que se enfocara, aunque fuera parcialmente, en Puerto Rico. Sabemos, posterior al hecho, que incluso esos mismos profesionales no conocían la verdadera magnitud del problema de la trata de personas en Puerto Rico, hasta que la Fundación potenció sus investigaciones con recursos adicionales.
En los últimos días, la Fundación Ricky Martin publicó una segunda entrega de investigación sobre la trata en Puerto Rico. La primera entrega, publicada en 2010, sacudió la psiquis colectiva de la sociedad puertorriqueña, al traer a la luz pública detalles de una colección de males sociales que mi país prefiere no reconocer y mucho menos examinar a fondo. Los co-autores de la investigación, el Dr. César Rey –quien fue secretario de Educación de Puerto Rico- y la Dra. Luisa Hernández Angueira –una prominente investigadora sobre temas relacionados a la mujer- han tenido la oportunidad de discutir los hallazgos de su investigación en los medios de prensa boricuas. Esta reseña apenas pretende mencionar algunos de sus señalamientos, con tal de contrastar éstos con la situación en el resto de Latinoamérica.
El panorama que Rey y Hernández describen, para ser francos, asusta. En Puerto Rico, un país con una población de 3,5 millones de habitantes, cerca del 45% de la población del país -unos 1,6 millones- son considerados pobres, utilizando estándares de pobreza definidos por quienes ganan 11.800 dólares al año o menos (personas solas), U$S 18.300 para una familia de tres personas, y 23.500 dólares al año para una familia de cuatro personas. Ante esa situación, es de esperarse que muchos pobres traten de suplementar sus ingresos mediante la economía informal, que representa el 30% de la base económica puertorriqueña. Al menos un 75% de esta economía informal está relacionada a la ilegalidad, mayormente relacionada al tráfico de drogas. Da la casualidad que la trata es un mal que se alimenta, primordialmente, de la economía informal. Se alimenta además de las altas tasas de deserción escolar en Puerto Rico, que alcanzan el 18 por ciento entre jóvenes de 16 a 19 años.
Cuando el equipo multidisciplinario que realizó ambas investigaciones comenzó su labor, descubrió que su principal recurso -una trabajadora social- para identificar entrevistados potenciales, había sido víctima de explotación. Esta trabajadora, cuando joven, fue enviada a los Estados Unidos para atender una condición de salud, pero una vez establecida allí, una tía condicionó su estadía a que se prostituyera con hombres adultos y dividiera sus ingresos con ella. Así comenzó un proceso de recopilación de información que eventualmente produjo ambos informes.
Durante los dos períodos de investigación, el equipo de la Fundación tuvo conocimiento de cerca de 30 casos de trata cuya investigación progresa, pero que según las autoridades, aún no han madurado para ser llevados ante la justicia. Cinco casos adicionales fueron a corte entre las fechas de ambas publicaciones. En el más reciente informe, casi todos los casos documentados tienen a puertorriqueños y puertorriqueñas como protagonistas, excepto uno, y a la vez las principales víctimas son mujeres y menores de edad. En varios de estos, el principal instigador de la trata era un familiar, un vecino, o un conocido del núcleo familiar.
En la primera investigación, la mayor parte de los entrevistados estuvieron envueltos con casos de prostitución infantil, acarreo de drogas por parte de menores e instigación al menor envuelto a cometer actos delictivos, incluyendo asesinatos. Se valían los instigadores de elementos en el Código Penal puertorriqueño que define muchas de estas conductas delictivas como “faltas”, que tienen como consecuencia (si ocurre una convicción, cosa que no siempre sucede) una pena de cárcel que difícilmente supera los siete años de prisión en un reformatorio. Curiosamente, los códices legales boricuas, aún hoy día, codifican de forma inadecuada muchos delitos que, en otras jurisdicciones, son reconocidos como delitos de trata humana. Muchos legisladores boricuas desconocen la mera existencia del Protocolo de Palermo de 2000, que define la trata de personas y establece pautas uniformes para el manejo de la trata a nivel internacional.
En el segundo estudio de la Fundación, muchos de los casos tuvieron que ver con menores removidos por el Departamento de la Familia de Puerto Rico de sus hogares originales, con la intención de alojarles temporalmente en un ambiente más sano. Muchos de estos jóvenes terminan siendo víctimas de un sistema que los realoja en múltiples hogares sustitutos, con poco control sobre las circunstancias bajo las cuales los menores podrían alcanzar cierto grado de estabilidad. Por ende, algunos de los jóvenes realojados terminaban siendo víctimas de explotación, lo contrario al resultado deseado. Algunos de estos eran usados como mendigos, bajo amenaza, por los responsables de sus hogares de crianza.
Los casos documentados en el segundo estudio son muy variados. En uno de ellos, una madre ofreció a su pareja los servicios sexuales de su hija de 14 años, ante la imposibilidad de tener más hijos con el nuevo consorte. Una pareja de mediana edad aprovechaba el ofrecimiento de una vecina de enviar a sus dos hijas como ayudantes domésticas, utilizándolas entonces para actos lascivos y de pornografía infantil, a cambio de dinero y favores a las menores. Una familia de quince hijos obligaba a algunos de ellos a robar y a traficar con drogas. Una “agencia de modelaje” contrataba a jóvenes adolescentes para actos de prostitución masculina, suprimiendo sus quejas con dinero. Una hija de adictos debió prostituirse con tal de mantenerlos a ambos, y terminó siendo presa de la adicción, chantaje por parte de oficiales de la policía, y un ataque físico y sexual que la remitió a un hospital por 42 días. Una joven era obligada a mendigar en intersecciones, entregando la mitad de las “ganancias” recogidas por recolectar dinero para pacientes ficticios con condiciones graves de salud.
Entre los casos documentados se detallan las labores de menores en el tráfico de drogas. Se describen los esquemas complejos relacionados a las prácticas de venta y acarreo de sustancias al detalle. Se trata de empleos lucrativos –que pueden dejar ganancias hasta de 10 mil dólares al mes a quien las ejecuta, usualmente menores de doce años o más- pero eminentemente peligrosos. Son empleos que hacen presa de jóvenes, muchos con problemas de autoestima, desertores escolares, que son nutridos y adoptados por la subcultura de la droga –o narcotizados hasta la adicción, varones y hembras- y persuadidos a hacer los trabajos más riesgosos y peligrosos, escudándose precisamente en las fisuras de las leyes puertorriqueñas para menores. La corrupción prevaleciente entre algunos elementos de la Policía de Puerto Rico complica aún más la situación.
Los casos de trata no respetaban origen ni condición social: uno de ellos involucró a un psiquiatra que aprovechó la depresión de dos jóvenes de 16 y 17 años para obligarles a hacerle favores sexuales. Otro, involucró a un industrial acaudalado que, paseándose con su auto de lujo por varias escuelas en el Oeste de Puerto Rico, pagaba con dinero favores sexuales de jovencitas entre 13 y 16 años. Un caso documentado en el segundo estudio trata sobre una joven de familia acomodada que terminó siendo la propiedad personal de un administrador de punto de drogas por varios años. El mencionarlos todos, llenarían un servidor de web entero.
En el estudio, Rey y Hernández concluyen que, si bien las dimensiones de la trata de personas no alcanzan las de otros países en el mundo, la degradación y explotación humanas de la trata en Puerto Rico son iguales de severas que la de otros países. Más solapadas, definitivamente, y precisamente por eso más estigmatizadas cuando se da a conocer. Por tanto, la Fundación Ricky Martin intenta además levantar conciencia en Puerto Rico sobre los requerimientos educativos, legales y sociales necesarios para contrarrestar el problema de la trata de personas en nuestro país. Se trata de mucho trabajo de persuasión y de concienciación, que la Fundación debe realizar a todos los niveles de la vida pública del país. Como proyecto paralelo, la Fundación maneja un centro asociado, el Centro Tau –un albergue educativo para jóvenes en alto riesgo en el municipio de Loíza, probablemente el lugar más violento del país en años recientes.
Es todavía temprano para evaluar cuán eficaces serán estos esfuerzos para levantar la voz de alerta sobre el problema de la trata de personas en Puerto Rico. Sin embargo, el esfuerzo de la Fundación Ricky Martin por medir las dimensiones del problema y darlas a conocer es incentivo suficiente como para que mi país, Puerto Rico, decida replantear sus prioridades. Es importante que esfuerzos como éste se den a conocer fuera del país, así sea con la idea de que los puertorriqueños, en vez de avestruzarse y sentir vergüenza por estas situaciones, se vean conminados a enfrentarlas, y en algún momento controlarlas, ante los ojos de todo el mundo.